*Ni siquiera la UNAM o el IPN tienen periodos de 6 años para el rector ni la eliminación de la reelección por un periodo, señaló la diputada por Morena
Gilberto Guzmán
La diputada local Diana Bernabé Vega advirtió que el Congreso del Estado no puede ser cómplice de aprobar una “perversión a la ley” como la que propone el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán, con la reforma que amplía el periodo de rector y directores de 4 a 6 años y elimina, aunque solo por un periodo la reelección de esos cargos.
El pasado 9 de septiembre, el Consejo Universitario de la UAGro aprobó la reforma a los artículos 28 y 29 de su Ley Orgánica, la cual elimina la reelección inmediata de rectores y directores, y extiende sus periodos de cuatro a seis años con el argumento de dar estabilidad a los proyectos institucionales, pero la modificación debe ser aprobada por el Congreso local.
Pero de entrada, la diputada explicó que aunque el artículo 3º constitucional otorga a las universidades y demás instituciones de educación superior la facultad de gobernarse con autonomía, el artículo 2 de la Ley General de Educación Superior señala que cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas de las universidades deberá basarse en una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria y a sus órganos de gobierno, y deberá contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado.
En tales términos, afirmó, la iniciativa anunciada por el rector de la UAGRO, Javier Saldaña Almazán, no cumplió con la consulta previa, libre e informada a la comunidad universitaria, solo lo hizo a uno de sus órganos de gobierno, que es el Consejo Universitario, por lo cual se viola el principio de “consulta previa…”.
Por lo anterior, anunció que cuando el Congreso de Guerrero reciba la iniciativa y comience el proceso de análisis y discusión, la podrá objetar por esta omisión de origen a una ley federal.
Acusó que tanto la iniciativa como su promovente, el rector de la UAGro, son oportunistas políticamente, en el sentido de que la motivación de la iniciativa argumenta que se hace para “armonizarla con la reforma constitucional de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum”, cuando esta es de carácter electoral e impacta en el sistema de partidos, de la democracia representativa electoral, y no tiene “nada que ver con el sistema de gobierno de las universidades autónomas”.
Incluso, sugirió que en esta iniciativa el rector Saldaña no solo debe promover la reforma a los artículos 28 y 29 de la Ley Orgánica de la UAGro, sino incluir otros para mejorar y fortalecer los mecanismos para la transparencia y rendición de cuentas, de auditoría, democratización, gobernanza y gobernabilidad de la Universidad, así como incrementar la matrícula escolar y para evitar la deserción escolar hacer más atractiva a la UAGro para los jóvenes.
Recordó que para el ciclo escolar 2025–2026 la Universidad “aperturó” posterior al examen de admisión más de 3 mil espacios en 60 carreras diferentes, lo que pudiera significar que la institución está dejando de ser la opción educativa por factores como la mala calidad educativa, su infraestructura, sus elevadas cuotas, entre otros.
Bernabé Vega mencionó que legislar nunca se trata de un acto individualizado, y que las iniciativas de ley no son puentes que nos ayuden a lograr un objetivo particular, como pretende Javier Saldaña, “esa es una perversión de la ley, que este poder Legislativo no es ni será cómplice de ello”.
Subrayó que en ninguna Universidad autónoma del país se prevén periodos de 6 años de gestión del rector ni la eliminación de la reelección por un periodo, por lo que la propuesta de Saldaña carece de todo sustento, “ni siquiera en la UNAM se ha osado proponer un periodo sexenal, ni tampoco en el Instituto Politécnico Nacional, que no es autónomo”.
Y le recordó al rector Javier Saldaña, quien ha sido fuertemente criticado por no permitir las elecciones libres y operar siempre para salir como “candidato de unidad” a pesar de que afirma ser un demócrata, que si bien la UAGro cuenta con la facultad de proponer iniciativas a su ley orgánica, debido a su autonomía, eso no implica un permiso en blanco para cualquier modificación a su ley.
Agregó que la universidad debe ser autónoma, pero no soberana y que no se puede permitir una iniciativa que denota una ruta de futuro político-electoral de sus promoventes “al pretender constituirse como demócratas, pioneros y vanguardistas, cuando el interés es claro: resguardarse en el espacio académico, para después brincar a las boletas electorales”.