Gilberto Guzmán
La Secretaría de Obras Públicas de Chilpancingo denunció el intento de extorsión a través de llamadas a su titular, Juan Antonio Luquín Mendoza para exigirle “una suma millonaria, inaceptable e ilegal, por un monto de $33 millones de pesos”.
Luego de que este martes aparecieron en distintos puntos de Chilpancingo lonas en las que se acusa al funcionario de estar vinculado a un grupo criminal y de asignar obra pública solo a empresarios recomendados, por lo cual se le pide que renuncie al cargo, el Ayuntamiento dio a conocer un posicionamiento “sobre graves acontecimientos que no solo buscan desestabilizar la gestión pública, sino que se enmarcan en la problemática nacional del delito de extorsión, como lo ha reconocido hoy la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo”.
Menciona que “estos hechos pretenden someter al gobierno municipal para extender y afianzar la extorsión que, lamentablemente, ya sufren las familias y los negocios en nuestro municipio”.
Afirma que el gobierno municipal ha enfrentado una campaña de difamación a través de lonas con mensajes falsos y amenazas directas en contra del ingeniero Juan Antonio Luquin Mendoza, director y encargado de la Secretaría de Obras Públicas.
“De manera aún más preocupante, el Ing. Luquin Mendoza ha recibido llamadas anónimas de extorsión, donde se exige una suma millonaria, inaceptable e ilegal, por un monto de $33 millones de pesos”.
Asegura que este intento de extorsionar directamente a la administración pública es un claro esfuerzo por cooptar las funciones del Ayuntamiento y utilizarlo como un medio para legitimar y ampliar el “cobro de piso” que desde hace tiempo violenta la tranquilidad, el derecho al trabajo y el sustento de la gente honesta de Chilpancingo” y advierte que “no permitiremos que se utilice esta institución para dañar a nuestros ciudadanos”.
El Ayuntamiento de Chilpancingo subraya en su comunicado que “la Secretaría de Obras Públicas y su titular, el Ing. Juan Antonio Luquin Mendoza, no cederán ni un centavo ante ningún acto de extorsión. No pagaremos a la delincuencia. La ilegalidad no tiene cabida en nuestra administración, y seremos un muro de contención inquebrantable contra quienes intenten extorsionar a los ciudadanos de Chilpancingo, o quieran usar al gobierno municipal para sus fines ilícitos”.
También desmiente “categóricamente” todas las acusaciones infundadas de corrupción, favoritismo o relación con grupos delictivos vertidas en las lonas, “reafirmamos que la gestión de obra pública se realiza con total transparencia y apego a la ley” y que prueba de ello una reciente auditoría integral realizada por el Gobierno del Estado concluyó sin encontrar ninguna irregularidad en la Secretaría de Obras Públicas, lo que valida la probidad de la administración municipal.
Agregan que estos lamentables hechos, al ser un caso de extorsión, cobran mayor relevancia por lo declarado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha reconocido la necesidad urgente de fortalecer la lucha contra este delito que aún no disminuye a nivel nacional.
“Nos sumamos plenamente a la visión de que el Estado debe asumir la responsabilidad de perseguir la extorsión de oficio, quitando el peso de la denuncia a la víctima, y protegiendo a todas y todos los afectados”.
Además, informa que presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República, y que “colaboraremos con absoluta transparencia y determinación en todas las investigaciones que sean necesarias para que se dé con los responsables de estos actos delictivos”.
De la misma manera, hace “un llamado respetuoso y urgente al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de Guerrero, así como a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, para que refuercen las acciones de seguridad en Chilpancingo y se brinde todo el respaldo necesario para combatir estas prácticas delictivas que amenazan la gobernabilidad, la inversión y la libertad de trabajar en cada rincón de nuestro municipio”.