Por: Gilberto Guzmán/ El dato de que 39 policías han sido asesinados en Guerrero en 2025 —cifra que coloca a la entidad en el segundo lugar nacional— no puede leerse únicamente como un indicador de violencia. Es, en realidad, un síntoma de la fragilidad institucional y de la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de quienes deberían ser su primera línea de defensa. La estadística desnuda una paradoja: el uniforme que tendría que simbolizar autoridad y protección se ha convertido en un blanco permanente.
La organización Causa en Común reportó que, durante 2025, Guerrero ocupó el segundo lugar nacional en asesinatos de policías (39 víctimas en 11 municipios), superado solo por Sinaloa. Desde 2018, la entidad ha registrado un total de 258 agentes asesinados.
El recuento de la asociación, especializada en temas de seguridad, incluye a los 13 policías de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) muertos en una emboscada en Ayutla el pasado 16 de agosto. El saldo total también contempla a 15 agentes municipales, cuatro estatales, dos ministeriales y tres guardias nacionales, así como a un miembro de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y un exconsejero de la UPOEG. Entre las víctimas se encuentran dos mujeres; 23 eran uniformados activos, una decena estaba en estatus “franco” y tres eran expolicías.
Pero hay que decirlo: la violencia contra los cuerpos de seguridad no ocurre en el vacío; responde a un entramado de factores que el país ha sido incapaz de resolver. Por un lado, el crimen organizado se ha fortalecido: los grupos criminales no solo disputan territorios, sino que buscan desarticular las fuerzas de seguridad atacando directamente a sus integrantes. A esto se suma la debilidad institucional: la precariedad laboral, la falta de capacitación y el abandono presupuestal convierten a los policías en objetivos vulnerables. Por otro lado, la desconfianza ciudadana es un elemento clave: la percepción de corrupción y abuso erosiona el respaldo social, dejando a los agentes aislados en comunidades que los perciben más como una amenaza que como aliados.
El asesinato de policías tiene un efecto multiplicador. Genera desmoralización interna, pues la sensación de desprotección mina la capacidad de respuesta y alimenta la corrupción como mecanismo de supervivencia. Al mismo tiempo, la ciudadanía queda desprotegida; si quienes deben garantizar la paz son vulnerables, el mensaje hacia la sociedad es claro: el Estado no controla la violencia. Además, se erosiona la legitimidad institucional: cada policía asesinado representa un golpe a la credibilidad de las instituciones y a la narrativa oficial que sostiene que “se avanza en seguridad”.
El problema no es solo la violencia criminal, sino la ausencia de una política integral de seguridad que reconozca la vulnerabilidad de los agentes como un asunto de Estado. Mientras se mantenga la lógica de improvisación y reacción, los elementos seguirán siendo carne de cañón en una guerra que no eligieron. La crítica debe apuntar a dos frentes: primero, la responsabilidad gubernamental de garantizar condiciones mínimas de protección y dignidad laboral; segundo, la necesidad de reconstruir la relación entre policía y sociedad, sin la cual cualquier estrategia de seguridad está condenada al fracaso.
En este complejo escenario, Guerrero no es un caso aislado, sino un espejo de lo que ocurre en gran parte del país: policías que mueren en el silencio, instituciones que se desgastan y una ciudadanía atrapada entre la violencia criminal y la desconfianza. El verdadero debate no es cuántos policías han sido asesinados, sino qué tan dispuesto está el Estado a reconocer que, sin policías protegidos y legitimados, no hay seguridad posible.
