Gilberto Guzmán
La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso local analiza una propuesta para modificar la Ley Estatal de Educación y establecer la obligación de crear políticas, protocolos y programas permanentes dirigidos a prevenir, identificar y eliminar el acoso escolar en todos los niveles educativos, lo que contribuiría a impulsar una educación sin violencia.
La iniciativa, presentada por la diputada Leticia Rodríguez Armenta y respaldada por la diputada Glafira Meraza Prudente, destaca que en años recientes ha habido un aumento en los casos de acoso escolar o “bullying”. Este fenómeno afecta la dignidad, el derecho a la educación y la integridad física y emocional de estudiantes, además de impactar negativamente en los ambientes escolares.
Durante el Parlamento Infantil de este año, varias y varios participantes abordaron el tema “El acoso escolar, un llamado a la acción para erradicar el bullying y promover un entorno de respeto en las escuelas”. Se enfatizó la necesidad de dotar al personal docente, especialmente en educación básica, de protocolos claros para atender y prevenir este tipo de situaciones entre estudiantes.
La legisladora señaló que, aunque la ley estatal ya reconoce qué es el acoso escolar, resulta indispensable fortalecer el marco normativo mediante reglas específicas que obliguen a autoridades educativas y escuelas a diseñar estrategias integrales para prevenir, detectar, atender y erradicar el acoso escolar en todos los niveles.
“El propósito de esta iniciativa es impulsar la educación libre de acoso escolar mediante el fomento de la convivencia pacífica y el respeto igualitario entre todas las personas, sin excepciones”, precisó.
Por tal motivo, la reforma plantea cambios en las fracciones IX y X, y la incorporación de una fracción XI al Artículo 15, además de modificar el segundo párrafo del Artículo 81 y adicionar el Artículo 82 Bis de la Ley. Estas modificaciones buscan garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en entornos escolares donde predominen el respeto y la ausencia de violencia, discriminación o abuso, protegiendo así su integridad física, emocional y psicológica. Esto se fundamenta en la convicción de que la educación requiere, necesariamente, un ambiente basado en el respeto, la empatía y la paz.
Asimismo, se armoniza con la Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y compromisos internacionales asumidos por México, como la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo Artículo 19 obliga al Estado a tomar medidas para proteger a la niñez contra cualquier tipo de violencia.