Gilberto Guzmán
La Comisión de Justicia analiza una reforma a la Ley Registral del Estado de Guerrero para establecer delegaciones del Registro Público de la Propiedad en las regiones del Estado, para garantizar el acceso equitativo a servicios registrales, fortalecer la seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra y facilitar el desarrollo económico, social y humano, especialmente en comunidades rurales e indígenas.
Esta propuesta, presentada por la diputada Aracely Ocampo Manzanares, busca que las comunidades rurales e indígenas, que actualmente enfrentan barreras económicas, geográficas y culturales puedan formalizar la propiedad de sus bienes.
Y es que indica que la ausencia de delegaciones del Registro Público de la Propiedad en las distintas zonas de Guerrero genera una profunda inseguridad jurídica que permea diversos aspectos de la vida de sus habitantes, que no solo se limita a la falta de un papel que acredite la propiedad, sino que se extiende a una serie de vulnerabilidades y limitaciones que afectan su presente y futuro.
“La necesidad de trasladarse a las delegaciones para realizar trámites registrales implica costos significativos en transporte, alimentación y, en muchos casos, alojamiento. Para familias con recursos limitados, estos gastos se vuelven prohibitivos, impidiendo la formalización de la propiedad”, puntualizó.
Refirió que los trámites registrales suelen ser percibidos como complejos y engorrosos, especialmente para personas con menor nivel educativo o familiaridad con los procesos administrativos, aunado a ello, la falta de asesoramiento y orientación local agrava esta situación.
Detalló que en muchas comunidades rurales existe un desconocimiento generalizado sobre la importancia del registro de la propiedad y los beneficios que conlleva, debido a la ausencia de campañas informativas y la lejanía de las instituciones que contribuyen a esta falta de conciencia.
En ese sentido, indica que sin un título registrado los habitantes carecen de un documento legal sólido para defender sus derechos de propiedad ante intentos de despojo o invasiones, que los coloca en una posición de extrema vulnerabilidad frente a terceros con intenciones maliciosas.
Por estas razones, es fundamental que los gobiernos implementen políticas que garanticen el acceso equitativo a estos servicios, promoviendo la instalación de oficinas del Registro en distintas zonas, para así impulsar el desarrollo integral y sostenible de estas comunidades.