Gilberto Guzmán
Con el objetivo de erradicar la injerencia de funcionarios públicos en la vida interna de las organizaciones gremiales, la diputada Citlali Calixto Jiménez presentó una iniciativa de reforma legal diseñada para fortalecer la autonomía de los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado y los municipios.
La propuesta fue elaborada de manera coordinada a través de una mesa técnica con la Sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezada por su secretario general, Silvano Palacios Salgado. Ambos liderazgos coincidieron en que esta reforma representa un avance histórico para la protección de los derechos laborales en la entidad.
La legisladora Calixto Jiménez detalló que la iniciativa busca prohibir estrictamente que los servidores públicos influyan en los procesos sindicales. Para garantizar su cumplimiento, la reforma plantea que cualquier acto de injerencia sea tipificado como una falta administrativa grave.
Entre las conductas que se busca sancionar destacan aquellas relacionadas con la coacción y las amenazas, particularmente cuando se presiona a las personas trabajadoras para participar —o abstenerse de hacerlo— en campañas sindicales. También se considera infracción el uso indebido de recursos públicos, como instalaciones, vehículos, personal o programas sociales, cuando se emplean con fines proselitistas a favor o en contra de alguna planilla. Finalmente, se tipifica el condicionamiento laboral, es decir, supeditar servicios, ascensos, estímulos o licencias al otorgamiento del voto sindical, práctica que vulnera derechos y distorsiona la vida democrática al interior de las organizaciones.
Respaldo del magisterio a la iniciativa
Por su parte, el dirigente magisterial Silvano Palacios calificó la iniciativa como “vanguardista”, señalando que cerrará la puerta a los excesos de funcionarios y garantizará las garantías de los trabajadores considerados en el Apartado B de la Constitución Federal.
“Nuestro compromiso es garantizar los derechos de las y los sindicalizados en Guerrero”, afirmó Calixto Jiménez, subrayando que esta propuesta se alinea con la agenda nacional impulsada por el senador Alfonso Cepeda Salas y los principios de la Cuarta Transformación.
La iniciativa plantea adicionar disposiciones a tres ordenamientos fundamentales del estado: el Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados; la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos de Guerrero; y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado. Con ello, se busca armonizar el marco normativo y fortalecer los mecanismos de control, sanción y protección de derechos en el ámbito laboral y administrativo.
Con estos cambios, la normativa de Guerrero quedará armonizada con la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, consolidando un marco legal moderno y protector para la base trabajadora guerrerense.