Gilberto Guzmán
Con el objetivo de actualizar un marco jurídico que data de hace más de 25 años y adaptarlo a los estándares internacionales de derechos humanos, la diputada Leticia Mosso Hernández, coordinadora de la representación parlamentaria del Partido del Trabajo (PT), presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa para expedir la Ley para la Atención, Prevención y Erradicación de la Violencia Familiar del Estado de Guerrero.
Durante la sesión de este martes, la legisladora subrayó que la violencia en el hogar no es un asunto privado, sino un problema estructural que afecta la dignidad y seguridad de mujeres, niños, adultos mayores y personas vulnerables, sirviendo a menudo como el “primer eslabón” hacia delitos más graves como el feminicidio.
Uno de los pilares de la propuesta es la creación de un Sistema de Alerta Temprana de Violencia Familiar. Este mecanismo interinstitucional busca identificar oportunamente casos de riesgo y coordinar una respuesta inmediata entre las diversas dependencias estatales.
“La legislación vigente (Ley 280 de 1999) ha sido superada por las nuevas dinámicas sociales. Necesitamos un modelo que no solo atienda la emergencia, sino que trabaje en la prevención integral y la generación de información estratégica”, señaló Mosso Hernández.
Esta iniciativa de ley propone una transformación integral en la protección de los derechos ciudadanos, estructurándose a través de 10 capítulos fundamentales. El eje central de esta propuesta es la creación del Consejo Estatal, un órgano rector de alto nivel que será presidido directamente por la persona titular del Poder Ejecutivo. Este consejo tendrá la responsabilidad crítica de diseñar, supervisar y evaluar las políticas públicas, garantizando que las estrategias institucionales no se queden en el papel, sino que impacten positivamente en la sociedad.
En cuanto a la operatividad del servicio, la ley establece estándares estrictos para la atención especializada. A partir de su implementación, será obligatorio que todo el personal encargado de asistir a las víctimas posea cédula profesional y, de manera crucial, demuestre capacitación certificada en perspectiva de género y derechos humanos. Complementando esta profesionalización, se contempla la habilitación de una línea directa 24/7 gestionada por el DIF Guerrero, asegurando un canal de denuncia y auxilio disponible los 365 días del año.
La capacidad de respuesta inmediata es otro de los pilares de la reforma, especialmente en lo que respecta a las órdenes de protección. La normativa faculta a las autoridades competentes para intervenir en un plazo máximo de tres horas ante situaciones de riesgo inminente para menores de edad, permitiendo incluso el ingreso de estos a centros de asistencia social cuando sea necesario para salvaguardar su integridad física y emocional.
Finalmente, la ley adopta una visión holística al incorporar un enfoque preventivo en el agresor. Reconociendo que para romper el ciclo de violencia se requiere más que solo el apoyo terapéutico a las víctimas se instruye a la Secretaría de Salud para implementar programas obligatorios de reeducación dirigidos a los generadores de violencia. Con esto, se busca atacar la raíz del comportamiento agresivo y reducir los índices de reincidencia en el estado.
La diputada Leticia Mosso enfatizó que la propuesta se rige bajo principios de gratuidad, confidencialidad y máxima protección. Además, reconoce todos los tipos de familia establecidos en la legislación actual y define claramente modalidades de violencia como la psicológica, económica, patrimonial, sexual y vicaria.
De ser aprobada, la ley abrogaría el ordenamiento anterior y obligaría a los Ayuntamientos y al Estado a realizar adecuaciones administrativas en un plazo de 180 días, garantizando que no se interrumpan los programas de apoyo actuales durante la transición.
La iniciativa fue turnada a las comisiones dictaminadoras para su análisis y posterior votación.