Gilberto Guzmán
Para modernizar el marco legal y facilitar trámites administrativos a la ciudadanía, el diputado Jesús Parra García, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, presentó este miércoles una iniciativa de reforma a la Ley del Registro Civil del Estado. El objetivo primordial es garantizar que las copias certificadas y constancias electrónicas tengan la misma validez jurídica que los documentos impresos con “sello mojado” ante cualquier institución pública o privada.
Durante su exposición en la sesión de la Comisión Permanente, Parra García denunció que, a pesar de que la ley ya contempla el uso de medios digitales, en la práctica cotidiana instituciones como bancos, notarías y escuelas suelen rechazar los documentos electrónicos.
“Si la ley ya los reconoce, ¿por qué en la práctica siguen tratando a las constancias electrónicas como papeles de segunda?”, cuestionó el legislador, señalando que esta resistencia institucional afecta principalmente a campesinos, madres de familia y adultos mayores que se ven obligados a realizar viajes largos solo para obtener un sello físico.
La propuesta busca adicionar párrafos a los artículos 22, 37 y 40 de la Ley número 495 del Registro Civil. Con esto, se pretende que no exista ambigüedad legal y que ninguna autoridad pueda despreciar un documento emitido digitalmente que cuente con firma electrónica o digital válida.
El diputado subrayó que Guerrero ya cuenta con herramientas como el Jaguar ID y la Ley de Gobernanza Digital, por lo que es necesario que el Registro Civil se homologue con este paradigma para brindar seguridad jurídica en el mundo digital.
La propuesta refuerza la equivalencia jurídica de las actas digitales, estableciendo que estos documentos poseen plena validez como instrumentos públicos y no pueden ser objeto de cuestionamiento por su formato electrónico.
Asimismo, se establece la obligatoriedad para que ninguna autoridad judicial, notarial o institución bancaria rechace documentos electrónicos bajo el argumento de carecer de sellos físicos, garantizando así su reconocimiento formal en todos los trámites.
Finalmente, la iniciativa incorpora un enfoque de justicia social, al evitar que las personas —especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad— deban invertir tiempo y recursos en traslados innecesarios, considerando que cada vez más trámites se realizan de manera digital.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.