Gilberto Guzmán
La Comisión de Salud del Congreso del Estado de Guerrero presentó formalmente la iniciativa de Ley para la Atención, Inclusión y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, con el objetivo de subsanar los señalamientos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y garantizar los derechos de este sector de la población.
La propuesta, presentada en la sesión de este miércoles por la diputada Beatriz Vélez Núñez en nombre de la Comisión de Salud, surge como respuesta a las acciones de inconstitucionalidad 146/2024 y 147/2024 emitidas por la SCJN.
En agosto de 2024 se había publicado la Ley número 832; sin embargo, el máximo tribunal del país declaró la invalidez de diversas porciones normativas. El argumento central de la Corte fue la falta de una consulta abierta, pública e incluyente que garantizara la participación de las personas con autismo en la creación de la norma.
Uno de los ejes principales de la nueva iniciativa es la adopción del modelo social de discapacidad. Bajo este enfoque, la discapacidad no se entiende únicamente como una condición individual, sino como el resultado de las barreras sociales que limitan la participación plena de las personas.
De acuerdo con la exposición de motivos, la Suprema Corte ordenó al Congreso adoptar una serie de medidas para asegurar un proceso legislativo incluyente y respetuoso de los derechos humanos. En primer término, instruyó a garantizar la participación efectiva de las personas con condición del espectro autista mediante consultas auténticas, accesibles y previas a cualquier decisión normativa que les afecte de manera directa.
Asimismo, la SCJN estableció la necesidad de armonizar el marco jurídico nacional con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, de modo que las leyes reflejen plenamente los compromisos asumidos por el Estado mexicano.
Finalmente, el Tribunal Constitucional subrayó que los procesos legislativos deben ser verdaderamente representativos, asegurando que las personas con discapacidad participen de forma protagónica en la construcción de las normas que inciden en su vida y en el ejercicio de sus derechos.
La diputada Vélez Núñez enfatizó que esta iniciativa no responde a un interés político, sino a una obligación constitucional y jurisdiccional. “Este Congreso cumple así con su deber de legislar de manera incluyente y participativa, conforme al modelo social de discapacidad”, señaló ante el Pleno.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud para su análisis y posterior dictaminación. Dicho órgano legislativo está integrado por Beatriz Vélez Núñez, presidenta; Jorge Iván Ortega Jiménez, secretario; así como por las y los vocales Leticia Mosso Hernández, María Irene Montiel Servín y Arturo Álvarez Angli.