Gilberto Guzmán
El diputado Jesús Parra García presentó una iniciativa para adicionar la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, con el objetivo de reconocer y proteger los derechos laborales de madres y padres adolescentes que se desempeñan como servidores públicos. La propuesta busca garantizar que este sector pueda conciliar sus responsabilidades laborales, familiares y educativas.
La iniciativa, actualmente en análisis por la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo, contempla medidas como licencias y horarios flexibles, programas de apoyo, protección contra la discriminación y la obligación institucional de crear entornos laborales inclusivos y seguros.
El legislador, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, subrayó la importancia de que las normas laborales sean instrumentos vivos que hagan efectivos los derechos humanos, especialmente para sectores en situación de vulnerabilidad, como las madres y padres adolescentes, quienes enfrentan mayores desafíos para mantener el empleo, continuar sus estudios y cuidar de sus hijos. Por ello, el Estado debe asegurar condiciones de trato igualitario y protección reforzada.
La propuesta se fundamenta en la filosofía del Derecho del Trabajo, que sitúa la dignidad humana en el centro de las relaciones laborales y reconoce la adolescencia como una etapa formativa clave. El diputado enfatizó que legislar en esta materia permitirá garantizar apoyos laborales, educativos y familiares, contribuyendo al bienestar personal y a la construcción de proyectos de vida estables, fortaleciendo el tejido social.
El legislador aclaró que la reforma no crea privilegios, sino que corrige una omisión, ya que la ley actual contempla derechos para madres y padres trabajadores, pero no reconoce las necesidades específicas de quienes se encuentran en etapa adolescente, lo que los coloca en una doble vulnerabilidad.
Finalmente, destacó que la iniciativa está alineada con tratados internacionales ratificados por México y con políticas para erradicar el trabajo infantil y proteger el trabajo adolescente en condiciones dignas y seguras, garantizando la continuidad educativa y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Esta propuesta, concluyó, promueve la igualdad real de oportunidades y fortalece a las instituciones públicas para brindar atención sensible, humana y sin discriminación.