Gilberto Guzmán
La diputada Erika Lorena Lührs Cortés, integrante de la fracción de Movimiento Ciudadano, presentó una propuesta de acuerdo para exhortar al Poder Judicial del Estado (PJE) a rendir un informe detallado ante el Congreso local. El objetivo es conocer el estado actual de la instrumentación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuya implementación obligatoria debe concretarse antes del 1 de abril de 2027.
Durante su exposición en la sesión de este martes, la legisladora subrayó que este nuevo código, publicado federalmente en 2023, representa un cambio de paradigma al transitar de procesos escritos a un modelo de oralidad y justicia digital. Lührs Cortés enfatizó que esta unificación normativa busca modernizar la justicia en todo el país, estableciendo procedimientos homogéneos para casos de adopción, controversias civiles y familiares, con un enfoque prioritario en la protección de grupos vulnerables y el respeto a los derechos humanos.
La iniciativa señala que la transición hacia este modelo no solo requiere de armonización legal, sino de un esfuerzo institucional de gran escala. Según lo expuesto, el Poder Judicial enfrenta el desafío de realizar ajustes estructurales que incluyen la adecuación de infraestructura física y tecnológica, así como la capacitación integral del personal administrativo y jurisdiccional. Por ello, la propuesta considera indispensable una coordinación estrecha entre los poderes públicos para garantizar una transición eficaz y ordenada.
Aprueban dictamen de Ley Registral
En la misma jornada, el Pleno del Congreso de Guerrero aprobó un dictamen para derogar la fracción V del artículo 7 de la Ley 833 Registral, atendiendo a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación derivada de una acción de inconstitucionalidad. El diputado Carlos Eduardo Bello Solano, presidente de la Comisión de Justicia, fue el encargado de fundamentar esta modificación que elimina requisitos previamente cuestionados por el máximo tribunal.
Asimismo, la LXIV Legislatura dio luz verde a diversos dictámenes de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación. Entre ellos, se autorizó que la síndica de Taxco, Viviana Rodríguez Burgos, y los regidores de Tecoanapa y San Luis Acatlán, desempeñen simultáneamente funciones en las áreas de salud y docencia, respectivamente. De igual forma, se aprobó la licencia indefinida al cargo solicitada por el regidor de Leonardo Bravo, Andrés Santos Romero.
Finalmente, la sesión contó con la intervención de las diputadas Erika Isabel Guillén Román y Araceli Ocampo Manzanares, quienes hicieron uso de la tribuna con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, haciendo un llamado a la reflexión y al fortalecimiento de políticas de inclusión en la entidad.