*La corrupción en contacto con autoridades de seguridad alcanzó el 45.2% de la población urbana
*El 8.9% de los trámites en servicios públicos involucró actos de corrupción y 169,769 empresas fueron víctimas de este delito
Gilberto Guzmán
Durante el primer semestre de 2025, el 45.2% de las personas de 18 años o más residentes de áreas urbanas que tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública fueron víctimas de corrupción, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.
Esta alta prevalencia es significativamente mayor entre hombres (49.9%) que entre mujeres (36.8%). El indicador de víctimas de corrupción en este contexto se calcula a partir de casos donde la autoridad de seguridad insinuó, solicitó directamente, o generó las condiciones para recibir dinero, regalos o favores a cambio de agilizar procedimientos, o bien, evitar infracciones o detenciones.
En el mismo periodo (enero a junio de 2025), el 8.9% de las personas de 18 años y más en áreas urbanas que realizaron algún trámite, pago o solicitud de servicio ante una persona servidora pública fueron víctimas de corrupción.
Al igual que en el contacto con seguridad, el porcentaje fue mayor en hombres (10.2%) que en mujeres (7.9%). La víctima de corrupción se define como aquella persona a la que el servidor público le insinuó, le pidió directamente o generó las condiciones para que le diera dinero, un regalo o favor para agilizar o aprobar procedimientos.
En el ámbito empresarial, las cifras de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) de 2024 señalan que, en 2023, 169,769 empresas (3.5%) fueron víctimas de corrupción. Aunque esta cifra representa una disminución respecto al máximo histórico registrado en 2017, el fenómeno continúa afectando a las unidades económicas.
El estudio destaca que las empresas medianas fueron las más afectadas, con una incidencia 2.5 veces mayor que la registrada en microempresas. En contraste, no se observaron diferencias estadísticamente significativas en la prevalencia de corrupción entre los sectores de comercio, industria y servicios.
En relación con las acciones de control, en 2023 se iniciaron 40,145 investigaciones por presunta responsabilidad de faltas administrativas en la Administración Pública Federal (APF), lo que equivale a una tasa de 24.8 investigaciones por cada mil servidores públicos.
A nivel estatal, la tasa fue de 34.6 investigaciones por cada mil servidores públicos. Las entidades con las tasas más altas fueron Quintana Roo y Chihuahua, con más de 130 investigaciones por cada mil personas.
En cuanto a las sanciones, 2,341 personas servidoras públicas de la APF fueron sancionadas en 2023, lo que representa una tasa de 14.4 por cada 10 mil servidores públicos. En las administraciones públicas estatales (APE), las tasas más altas de personal sancionado se registraron en Estado de México (103.1) y Campeche (81.0) por cada 10 mil servidores públicos.