*La diputada destacó la tipificación del delito de cohabitación forzada que se sancionará con hasta 15 años de prisión en Guerrero
Gilberto Guzmán
En México hay más de 27 mil indígenas adolescentes de entre 12 y 17 años que se encuentran casadas o unidas, representando el 7.5 por ciento de las adolescentes indígenas en el país, señaló la diputada Erika Lorena Lührs Cortés, al fundamentar el dictamen de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado que tipifica el delito de cohabitación forzada, imponiendo penas de cinco a 15 años de prisión para quien obligue a vivir en una relación equiparable al matrimonio.
A partir de una iniciativa presentada por la diputada Araceli Ocampo Manzanares, el Congreso de Guerrero aprobó adicionar un cuarto párrafo al artículo 177 Bis del Código Penal del Estado de Guerrero para que se reconozca el delito de cohabitación forzada, que va estrechamente ligado con los matrimonios infantiles en la entidad.
En el dictamen también se aprobó establecer de tres a 10 años de prisión para quien gestione o se beneficie de este delito, si el responsable es familiar de la víctima la pena aumenta en un tercio y si la víctima pertenece a una comunidad indígena o afromexicana, la sanción se incrementa hasta en una mitad.
Al fundamentar el dictamen, la secretaria de la Comisión de Justicia, diputada Erika Lorena Lührs Cortés, destacó que el propósito de esta modificación es para erradicar el matrimonio infantil y garantizar el pleno desarrollo de las niñas, niños y adolescentes.
Señaló que al aprobar estas reformas y prohibir la cohabitación forzada y el matrimonio infantil, se está protegiendo a las niñas, niños y adolescentes, porque ahora se contará con sanciones ejemplares.
Asimismo, dijo que al establecer una mayor penalidad cuando la víctima perteneciera a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana, se está procurando que a las niñas no se les vulneren sus derechos a la salud, educación y a la libertad de una vida digna libre de violencia.
La diputada expresó que por esta situación que afecta el futuro de miles de niñas, imposibilitando su educación futura, coaccionando su voluntad y derecho al libre desarrollo de la personalidad, era necesario hacer estas modificaciones para proteger a las niñas, niños y adolescentes guerrerenses.