En Guerrero, la educación ha sido siempre un tema delicado, pero en los últimos meses ha alcanzado niveles críticos. Mientras el discurso oficial de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y del gobierno estatal se llena de promesas y buenas intenciones, la realidad de los trabajadores de la educación refleja otra historia: falta de pagos, incumplimiento de acuerdos y negligencia institucional.
El Secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, ha sido incapaz de responder con seriedad y responsabilidad a las demandas de un sector que, sin exagerar, sostiene la estructura social de Guerrero.
En abril, tras un intenso movimiento magisterial, la SEG tomó acuerdos con los trabajadores del sector educativo. Aquella mesa de negociación, presentada como un triunfo del diálogo y la voluntad política, ha quedado en el olvido. Ocho meses después, los compromisos siguen sin cumplirse y el desencanto crece entre los afectados.
Uno de los principales problemas radica en el incumplimiento del pago del Bono de Integración Educativa, un derecho laboral dirigido a trabajadores de Educación Especial. La SEG ni siquiera ha realizado lo mínimo indispensable: enviar las nóminas para su validación ante la Federación. La burocracia, que debería ser un simple trámite, se ha convertido en una barrera injustificable.
Además, persisten los retrasos en el pago de salarios al personal administrativo (PAAE), correspondientes a las quincenas 23 y 24, además del Bono de Despensa a los PAAE. Para cientos de familias, estos recursos son esenciales para su subsistencia. La ausencia de una solución agrava la crisis y genera un clima de incertidumbre que no debería existir.
Asimismo, otro punto crítico es la falta de cobertura de vacantes, especialmente en áreas como Psicología y Educación Especial. Esta negligencia afecta tanto a los trabajadores como a los alumnos, quienes ven comprometida la calidad de su educación por la falta de personal capacitado.
Por otro lado, los procesos de recategorización y regularización de claves, que deberían garantizar promociones y ajustes salariales justos, continúan estancados. Estos procesos forman parte de los compromisos formales de la SEG, pero el incumplimiento demuestra la falta de voluntad política para atender demandas prioritarias.
También, los docentes homologados del Nivel Medio Superior esperan el pago del Bono de Fin de Año, una prestación que, a estas alturas, debería estar garantizada.
Hay que subrayarlo, estas no son peticiones nuevas ni caprichosas. Se trata de acuerdos firmados, obligaciones legales y compromisos adquiridos que el gobierno estatal y la SEG han decidido ignorar. Esta postura no solo vulnera los derechos laborales, sino que también deteriora el futuro educativo de la entidad.
Lo más preocupante es el silencio del Secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña. Lejos de buscar soluciones, su indiferencia refleja una preocupante falta de responsabilidad. No se trata de demandas imposibles ni de intereses particulares, sino de derechos laborales fundamentales que exigen respeto.
La educación en Guerrero no puede estar secuestrada y a merced de burocracias ineficientes y mesas de diálogo que, al final, no resuelven nada. La incapacidad de Marcial Rodríguez para gestionar su dependencia resulta evidente, no hay interés para atender las necesidades reales.
La SEG parece apostar al desgaste del magisterio movilizado, ignorando las graves consecuencias que esta crisis traerá a largo plazo. En un entorno distinto, el incumplimiento de compromisos firmados tendría serias consecuencias, pero en Guerrero, la impunidad parece ser la norma.
Guerrero merece más que promesas vacías y discursos ensayados. El Secretario de Educación tiene la obligación de cumplir su palabra. Los acuerdos firmados deben respetarse porque representan derechos adquiridos.
Es urgente que la SEG actúe con seriedad y responsabilidad. La educación no puede seguir siendo una moneda de cambio en un juego político. Liderar no consiste en repetir buenas intenciones, sino en tomar decisiones firmes y resolver problemas.
Si la autoridad persiste en su indiferencia, no quedará otra opción que responsabilizar públicamente a quienes han convertido esta crisis en un problema estructural. Guerrero no merece un gobierno que traiciona su palabra ni un sistema educativo que abandona a sus trabajadores y estudiantes. La educación es un derecho fundamental, no un favor.