*El Congreso de Guerrero fortalece el combate a esta práctica que violenta los derechos de niños y adolescentes
Gilberto Guzmán
El Congreso del Estado aprobó reformas y adiciones al Código Penal para fortalecer el marco jurídico contra la cohabitación forzada de menores y personas sin capacidad de consentimiento.
La cohabitación forzada de menores es un delito que consiste en obligar, coaccionar o inducir a una persona menor de 18 años a unirse informal o consuetudinariamente con otra persona, con el propósito de convivir de forma constante y equiparable a un matrimonio o concubinato, y es considerada una violación grave de los derechos de la infancia y la adolescencia.
Con las modificaciones aprobadas este miércoles por el Congreso de Guerrero, se tipifica como delito no solo la ejecución, sino también la gestión y el beneficio derivados de estas uniones, independientemente de cualquier uso o costumbre.
Asimismo, se agravan las penas cuando las víctimas pertenecen a grupos vulnerables, se garantizan mecanismos de denuncia confidencial en zonas rurales e indígenas y se establece la persecución del delito de oficio, asegurando la protección irrestricta del interés superior de la niñez. El dictamen fue fundamentado por la diputada Erika Lorena Lührs Cortés, en nombre de la Comisión de Justicia.
El dictamen de reforma a los párrafos primero, segundo y cuarto, así como la adición de un quinto y sexto al artículo 177 Bis del Código Penal, deriva de iniciativas presentadas por el diputado Pánfilo Sánchez Almazán y las diputadas Glafira Meraza Prudente y Gloria Citlali Calixto Jiménez.
Al fundamentar el dictamen, la diputada Erika Lührs manifestó que la cohabitación forzada es una conducta que lamentablemente persiste en Guerrero y constituye una de las expresiones más graves de violencia estructural contra la infancia. Explicó que estas reformas sancionan de manera efectiva el delito, visibilizando circunstancias que históricamente se usaron para encubrir la práctica, como el supuesto consentimiento de los padres o incluso de los propios menores, quienes carecen de capacidad jurídica para comprender las implicaciones de estos actos. Por ello, cualquier forma de consentimiento carece de validez y no exime de responsabilidad a los adultos involucrados.
Finalmente, se establece que el Ministerio Público deberá iniciar de oficio las investigaciones al tener conocimiento de un matrimonio o convivencia infantil forzada para ejercer acción penal contra los responsables, refrendando el compromiso con el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a una vida digna para la niñez guerrerense.
Acuerdos e intervenciones
La diputada Leticia Mosso Hernández (PT) presentó un exhorto a la SICT para verificar que las empresas de autobuses en Guerrero cuenten con pólizas de seguro de cobertura amplia vigentes; fue turnado a la Comisión de Transporte.
La diputada Erika Isabel Guillén Román (PRD) exhortó a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil a emitir, en un plazo de 30 días, lineamientos para evaluar la seguridad estructural de inmuebles públicos y privados de concurrencia masiva; fue turnado a la Comisión de Protección Civil.
Además, se aprobó el exhorto de la diputada Mirna Coria Medina (PRD) para que el Consejo Estatal de Protección Civil continúe atendiendo a la población afectada por el sismo en el municipio de San Marcos.
En las intervenciones, la diputada Mirna Guadalupe Coria Medina alertó sobre la amenaza del gusano barrenador en el ganado estatal; la diputada Beatriz Vélez Núñez conmemoró el Día del Seguro Social; y la diputada María Guadalupe Eguiluz Bautista abordó el tema de la migración como motor de desarrollo.
El diputado Alejandro Carabias Icaza, presidente de la Mesa Directiva, rindió el informe de actividades del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de la LXIV Legislatura.