Gilberto Guzmán
La diputada Diana Bernabé Vega presentó una iniciativa para adicionar el artículo 356 Bis al Código Penal del Estado de Guerrero, con el objetivo de tipificar como delito la sustracción, explotación, transporte o comercialización ilegal de agua. La propuesta contempla penas de seis a doce años de prisión y multas de hasta dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs), con agravantes en caso de que el delito sea cometido por servidores públicos.
Durante su intervención, la diputada destacó que la iniciativa busca asegurar una distribución justa y equitativa del agua, en concordancia con el derecho humano de acceso a este recurso. Asimismo, promueve el uso responsable y la protección de los bienes públicos, estableciendo sanciones penales para quienes alteren la infraestructura hidráulica o se beneficien del robo de agua.
Actualmente, la Ley de Aguas Nacionales regula la explotación y el uso de las aguas nacionales, así como el régimen de concesiones y permisos, pero no contempla sanciones penales para la sustracción clandestina destinada al servicio público, limitándose a sanciones administrativas o civiles.
La diputada subrayó que el diagnóstico nacional es preocupante, ya que el agua está acaparada por grandes corporativos y concesionada para fines económicos, mientras que grupos dedicados al robo de agua han convertido esta práctica ilegal en una fuente de enriquecimiento. Este fenómeno, conocido como “huachicoleo del agua”, representa una amenaza creciente para la vida y la dignidad humana.
En México existen más de 130 mil tomas clandestinas de agua, lo que agrava la escasez, encarece el servicio y genera desigualdad. En Guerrero, municipios como Chilpancingo y Acapulco enfrentan frecuentemente el robo del vital líquido mediante perforaciones y extracciones ilegales, afectando a miles de familias.
La iniciativa busca combatir las redes clandestinas que lucran con la necesidad de la población y el patrimonio público, en un contexto donde el agua es un recurso esencial amenazado por el cambio climático, la sobreexplotación y el tráfico ilegal. Actualmente, la Comisión de Justicia analiza la propuesta para su dictaminación.