Gilberto Guzmán
El pasado miércoles, el Congreso del Estado de Guerrero aprobó reformas legales en materia de extorsión que buscan frenar la operación de grupos delictivos desde el interior de los centros penitenciarios. Con esta medida, se fortalece el combate a uno de los delitos que más afecta a la ciudadanía y se garantiza mayor seguridad para las familias guerrerenses.
Al respecto, el diputado acapulqueño Joaquín Badillo Escamilla, representante de Morena y secretario de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local, destacó que estas reformas responden a una demanda histórica de la sociedad. “En Guerrero y Acapulco tenemos derecho a vivir sin miedo”, afirmó al subir a tribuna para fundamentar el dictamen que adiciona un párrafo al artículo 175 de la Ley de Ejecución Penal del Estado, prohibiendo el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles.
Badillo recordó que Guerrero fue punta de lanza en la lucha contra la extorsión, pues desde marzo de 2023 impulsó que este delito —conocido como cobro de cuota o piso— fuera considerado grave y sin derecho a fianza, iniciativa que posteriormente fue avalada por el Congreso de la Unión. “Hoy, con las propuestas enviadas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, damos un paso más para robustecer el combate a este flagelo social”, señaló.
El legislador, conocido como Jacko Badillo, celebró que los nuevos instrumentos legales han permitido en fechas recientes la captura de un número importante de extorsionadores, lo que ha generado confianza en la ciudadanía para presentar denuncias ante la Fiscalía General del Estado. “La gente siente respaldo y protección, y eso es fundamental para proceder contra los delincuentes”, enfatizó.
Finalmente, Badillo subrayó que esta armonización legislativa coloca en el centro a las personas y garantiza su derecho a vivir libres de miedo. “Representa un paso decisivo en la consolidación de un sistema penitenciario más seguro, que prioriza la tranquilidad de las familias guerrerenses”, concluyó.