Gilberto Guzmán
La diputada local y presidenta de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, Gloria Citlali Calixto Jiménez, manifestó su respaldo a la propuesta de reforma electoral conocida como “Plan B”, enviada por la presidencia de la República. La legisladora de Morena sostuvo que estas medidas permitirán realizar un diagnóstico ético sobre la clase política actual, al eliminar privilegios económicos en la función pública.
“Con este Plan B se evidenciarán los actores políticos que entran por convicción de servicio y quiénes lo hacían solo por una cuestión de recursos o poder”, afirmó Calixto Jiménez.
La representante señaló que la iniciativa se alinea con el principio de austeridad republicana impulsado por la administración federal, buscando optimizar el uso de los recursos públicos. El objetivo central, explicó, es reducir el gasto destinado a procesos electorales y partidos políticos para reorientar esos excedentes hacia programas sociales, infraestructura y el bienestar ciudadano, bajo la premisa de “menos privilegios y más participación”.
Uno de los puntos más relevantes de la reforma es la homologación presupuestaria de los congresos estatales, la cual se fijaría en el 0.7% del presupuesto total de cada entidad. Para el caso específico de Guerrero, la diputada detalló que el Poder Legislativo deberá operar con un techo financiero anual de 611,754,000 pesos.
Al ser cuestionada sobre si este recorte afectaría la operatividad del recinto, especialmente ante periodos de presión financiera, Calixto Jiménez aseguró que existe viabilidad técnica basándose en ejercicios anteriores.
“Se tiene que hacer la reestructuración necesaria. Ya hemos operado antes con menos presupuesto del que aprobamos para este 2026”, sostuvo la legisladora.
La reforma también plantea cambios profundos en la estructura de los ayuntamientos. Entre las modificaciones principales destacan la permanencia de una sola sindicatura por municipio y la reducción del número de regidurías a un rango de entre 7 y 15 como máximo.
En el caso particular de Acapulco, que actualmente cuenta con 20 regidurías, la diputada calificó la reducción como una “adecuación necesaria” para ajustarse a los nuevos topes poblacionales y eficientizar el trabajo administrativo, obligando a los funcionarios a cumplir estrictamente con sus facultades constitucionales.
Respecto al trámite legislativo en el estado, Calixto Jiménez adelantó que, una vez recibida la minuta correspondiente, se procederá al dictamen con el apoyo previsto de las bancadas aliadas del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Finalmente, informó que para el ejercicio fiscal 2027 se establecerán mesas de trabajo con el Gobierno del Estado. El propósito de estas reuniones será definir los mecanismos técnicos y legales para concretar la homologación de la reforma dentro de la Constitución local de Guerrero, asegurando una transición institucional ordenada.