Gilberto Guzmán
Para asegurar la representación directa de víctimas del delito o de violaciones graves a los derechos humanos, el diputado Pánfilo Sánchez Almazán presentó este miércoles una iniciativa de reforma a la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG). La propuesta busca modificar la integración actual del Consejo Consultivo para incluir perfiles con vivencias directas en la búsqueda de justicia.
Durante la sesión legislativa, Sánchez Almazán explicó que el Consejo Consultivo es el órgano técnico encargado de orientar la planeación y evaluación de las labores de la Comisión. Actualmente, este cuerpo colegiado se compone por la presidencia de la CDHEG y cuatro ciudadanos designados por el Congreso local. No obstante, el legislador argumentó que la estructura actual debe evolucionar para reflejar de mejor manera la pluralidad social y la realidad de los grupos vulnerables en la entidad.
La propuesta legislativa plantea una distribución específica de las consejerías: una persona representante de los pueblos y comunidades indígenas y tres integrantes provenientes de sectores clave como el periodismo, la abogacía, la docencia y la medicina, así como activistas dedicados a la defensa de los derechos humanos. El eje central de la reforma es que, dentro de estos espacios, se garantice la voz de quienes han sido víctimas, permitiendo que su experiencia aporte empatía y eficacia a las decisiones del organismo.
El diputado subrayó que la inclusión formal de las víctimas en estos órganos es una medida de justicia transicional necesaria para fortalecer la legitimidad de las instituciones y reconstruir el tejido social. Según el legislador, la participación directa de quienes han enfrentado las fallas del Estado es fundamental para activar principios de igualdad sustantiva y justicia transformadora en el marco del nuevo paradigma de derechos humanos en México.
La iniciativa, que contempla modificaciones a los artículos 32 y 34 de la Ley Número 696, fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado para su análisis y dictaminación correspondiente.
Proponen fortalecer derechos sociales, ambientales y jurídicos
En sesión ordinaria, integrantes de los diversos grupos parlamentarios representados en el Congreso del Estado de Guerrero presentaron una serie de iniciativas de reforma y adición a distintos marcos legales, con el objetivo de atender agendas en materia de derechos indígenas, justicia social, salud pública, medio ambiente y equidad electoral.
En el ámbito de la preservación cultural, el diputado Edgar Ventura de la Cruz (PT) propuso reformar la Ley Orgánica del Municipio Libre para garantizar que ciudadanos y ediles de pueblos originarios puedan utilizar su lengua materna en sesiones oficiales. La propuesta obliga a la Secretaría General a asentar la traducción al español en las actas correspondientes. Por su parte, la diputada Araceli Ocampo Manzanares (Morena) presentó cambios al Código Civil y a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para asegurar un ingreso económico a favor de cónyuges dedicados exclusivamente a las labores del hogar, bajo el concepto de gastos de mantenimiento.
En materia de salud y bienestar social, la diputada Beatriz Vélez Núñez (PRI) planteó reformas a las leyes de Educación, Salud y Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para hacer obligatoria la educación sobre higiene oral en las escuelas y establecer la responsabilidad de los padres de llevar a sus hijos a revisión dental semestral. Asimismo, el diputado Jesús Parra García (PRI) propuso actualizar el concepto de “alimentos adecuados” en el Código Civil para ajustarlo a estándares constitucionales y garantizar pensiones alimenticias justas.
Respecto al fortalecimiento institucional y seguridad, la diputada Erika Lorena Lührs Cortés (MC) presentó una iniciativa para crear una Fiscalía Especializada enfocada en la atención de delitos contra personas de la diversidad sexual y de género. A su vez, el diputado Jorge Iván Ortega Jiménez (PRD) propuso mecanismos de seguimiento y sanciones ante el incumplimiento de los exhortos legislativos, buscando elevar la eficacia de la rendición de cuentas en el estado.
En la agenda ambiental y electoral, la diputada Erika Isabel Guillén Román (PRD) impulsó la creación de un Sistema Estatal de Monitoreo de la Calidad del Agua en Playas para prevenir riesgos sanitarios en zonas turísticas. En el plano jurídico-electoral, el diputado Alejandro Bravo Abarca (PRI) propuso regular la implementación de acciones afirmativas para limitar la discrecionalidad de las autoridades electorales. Finalmente, el diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros (Morena) solicitó la derogación del artículo séptimo transitorio del Decreto 217 de la Constitución local. Todas las propuestas fueron turnadas a sus respectivas comisiones para su análisis y dictaminación.