Gilberto Guzmán
La diputada local Citlali Calixto Jiménez presentó una iniciativa de reforma al artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, para garantizar expresamente “que ninguna persona en la entidad debe ser discriminada por razones de su identidad de género, expresión de género y/u orientación sexual, ya que actualmente sólo prohíbe la discriminación de género”.
fortaleciendo así el reconocimiento constitucional de los derechos de las personas que integran la diversidad sexual en la entidad.
Al presentar la propuesta en la sesión de este martes, señaló que en junio se conmemora el Mes del Orgullo LGBTTTIG+ con el propósito de dar atención especial a la emancipación, el respeto y aceptación de las personas que integran la comunidad de la diversidad sexual.
Destacó la evolución del marco jurídico que reglamenta los derechos de este grupo de la población en el contexto internacional y nacional, y que prueba de ello es que el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:
“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
Apuntó que este precepto legal es un reconocimiento en materia de derechos humanos para garantizar que sin importar las diferencias, por ningún motivo o pretexto, éstas sean razón para discriminar, para insultar e incluso para lastimar a otras personas.
Expuso que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2022, “poco más de 3.3 millones de personas de 18 años o más en México reportaron una orientación sexual o identidad de género no normativa; es decir el 3.6% de la población nacional. En tanto que 2.3 millones de personas declararon una orientación sexual no normativa”.
Sin embargo, no descartó que como consecuencia de los prejuicios sobre la diversidad sexual, algunas personas no hayan compartido su orientación sexual abiertamente y el porcentaje sea mayor.
Calixto Jiménez mencionó que el Congreso de Guerrero se distingue por legislar en temas de respeto a las personas de la diversidad, y para muestra: se aprobó el matrimonio igualitario en 2022; se aprobaron acciones afirmativas en materia electoral, en 2023; se prohibieron las terapias de conversión en 2024; se tipificaron delitos contra la población LGTB, como la violencia ácida; se aprobó la conmemoración del Día Estatal de las Personas Trans.
Además, se aprobó por unanimidad la Ley de Identidad de la comunidad LGTTTIQ+ como un esfuerzo para garantizar el respeto de su identidad, de su autopercepción y de su persona, ante los trámites que deban realizar en dependencias estatales y municipales.
Pero agregó que este esfuerzo necesita verse complementado con una modificación a la Constitución Política del Estado, para consolidar el reconocimiento y respeto de los derechos humanos para todas las personas.
Por ello, la reforma presentada propone adicionar en la fracción octava del artículo 5º de la Constitución local “que ninguna persona en la entidad debe ser discriminada por razones de su identidad de género, expresión de género y/u orientación sexual, ya que actualmente sólo prohíbe la discriminación de género”.
Agregó la legisladora que son tres conceptos los que se pretende agregar al texto constitucional, “pero el reconocimiento sustantivo de los derechos de las personas de la diversidad en este nivel es un peldaño más de una lucha de muchos años, de muchos momentos de tristeza, de desesperación y de dolor por quienes sufrieron violencia e incluso perdieron la vida en esa lucha”.
Agregó que “de aprobarse esta iniciativa de reforma se estará dando un mensaje de madurez, de integridad, pero sobre todo de un compromiso irrestricto con los derechos de todas, y me permito insistir: de todas las personas, sin importar lo que las haga diferentes”.
La diputada Marisol Bazán Fernández se adhirió a dicha iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.