*El Congreso de Guerrero recibe informe de la CDHEG
Gilberto Guzmán
El Congreso del Estado de Guerrero recibió formalmente el Informe de Labores 2025 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG). Durante el acto protocolario, los representantes del Poder Legislativo y la titular del organismo autónomo reafirmaron el compromiso de transformar los derechos humanos de una retórica de buenas intenciones en el eje rector de las instituciones públicas.
El diputado Alejandro Carabias Icaza, presidente de la Mesa Directiva, destacó que los derechos humanos deben constituirse como el parámetro de validez de las leyes y el límite del poder público.
“No deben quedarse en una declaración retórica; deben ser la medida ética que rija la actuación de las instituciones”, afirmó Carabias Icaza.
Asimismo, refrendó la disposición del Congreso para analizar el informe con responsabilidad, identificar áreas de oportunidad y fortalecer el marco normativo para consolidar una cultura de respeto irrestricto en la entidad.
Por su parte, el diputado Jesús Urióstegui García, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), reconoció la labor de la presidenta de la CDHEG, Cecilia Narciso Gaytán. Señaló que este informe es un “espejo de la realidad social” que refleja voces no escuchadas y omisiones que deben corregirse para construir un Guerrero más justo e incluyente.
Urióstegui García resaltó avances legislativos recientes, como la reforma al Código Penal que sanciona el matrimonio infantil y la venta de menores con penas de hasta 15 años de prisión, y celebró la coordinación institucional con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
La entrega del documento estuvo marcada por el énfasis de Cecilia Narciso Gaytán en que la defensa de la dignidad humana constituye una responsabilidad compartida entre los tres poderes del Estado. Señaló que el trabajo de la Comisión se desarrolló en consonancia con los programas nacional y estatal orientados a disminuir las brechas de desigualdad, subrayando que cada acción institucional buscó fortalecer la protección de derechos y la atención a grupos históricamente vulnerados.
En materia de actividad institucional, la Comisión registró avances significativos. En gestión documental, se recibieron 12,287 documentos, lo que refleja un flujo constante de solicitudes y trámites ciudadanos. En los mecanismos de solución, se concretaron 443 conciliaciones y se llevaron a cabo 129 mesas de trabajo, espacios destinados a resolver conflictos sin necesidad de procesos prolongados. La vinculación interinstitucional también fue un eje relevante, con la firma de 17 convenios de colaboración y 15 visitas a delegaciones regionales para fortalecer la presencia territorial. En cuanto a la atención a grupos vulnerables, se documentaron 431 denuncias específicas, mientras que en transparencia y control interno se atendieron 17 solicitudes y se presentaron 16 denuncias ante el Órgano Interno de Control.
Un apartado crucial del informe fue el relativo a las acciones en materia de personas desaparecidas, uno de los desafíos más sensibles para la entidad. La Comisión difundió 426 fichas de búsqueda, impulsó 37 jornadas de búsqueda en campo y coordinó la toma de 339 muestras biológicas junto con las fiscalías competentes. Estos esfuerzos permitieron alcanzar 85 identificaciones de cuerpos, un avance significativo para brindar respuestas a las familias y fortalecer los procesos de verdad y justicia.
El evento contó con la presencia de las y los diputados: Juan Valenzo Villanueva, Alejandro Bravo Abarca, Pánfilo Sánchez Almazán, Víctor Hugo Vega Hernández, Jorge Iván Ortega Jiménez, Edgar Ventura de la Cruz, Jesús Parra García, Robell Urióstegui Patiño, Erika Lorena Lurhs Cortés, Violeta Martínez Pacheco, Glafira Meraza Prudente, Gladys Cortés Genchi y Erika Isabel Guillén Román.