Gilberto Guzmán
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones familiares, el Pleno del Congreso del Estado de Guerrero aprobó diversas reformas y adiciones al artículo 205 del Código Penal local. La modificación principal permite la inscripción de deudores alimentarios en el Registro Estatal correspondiente cuando el incumplimiento supere los 30 días.
La iniciativa, impulsada por la diputada Luissana Ramos Pineda y respaldada por la diputada Marisol Bazán Fernández, establece un mecanismo de presión legal y administrativa para asegurar el bienestar de los menores.
De acuerdo con lo aprobado, el proceso funcionará bajo los siguientes lineamientos: Si el adeudo alimentario excede los 30 días, el juez tendrá la obligación de ordenar al Registro Civil el ingreso de los datos del sentenciado al Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos; estar inscrito en dicho registro conlleva la limitación de diversos derechos civiles y políticos del deudor; la reforma incluye la adición de un cuarto párrafo que estipula que, una vez que el sentenciado cumpla con la reparación del daño, el juez —a petición de parte— ordenará la cancelación inmediata de la inscripción.
Durante la fundamentación del dictamen, la diputada Ramos Pineda, como integrante de la Comisión de Justicia, subrayó que esta medida busca salvaguardar los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, tales como alimentación y salud, vestimenta y educación y el libre desarrollo de la personalidad.
Se informó que con este cambio legislativo, el estado de Guerrero busca reducir los índices de morosidad en las pensiones alimenticias, obligando a los responsables a priorizar las necesidades básicas de sus hijos para evitar las consecuencias legales y públicas que implica el registro.