Gilberto Guzmán
El Congreso del Estado de Guerrero aprobó por unanimidad cuatro iniciativas que transforman el marco jurídico en materia de extorsión, incorporando la Política Estatal para la Prevención y Combate a este delito, la creación de Unidades Especializadas, la regulación de la inteligencia policial y los Centros de Comando y Control, así como la inhibición de comunicaciones ilícitas desde los centros penitenciarios.
Durante la sesión de este miércoles se informó que con estas reformas se fortalece la coordinación tecnológica, la profesionalización del personal de seguridad pública y la interoperabilidad con sistemas nacionales, en armonización con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
Los dictámenes aprobados contemplan reformas, adiciones y derogaciones a la Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública, a los artículos 243 y 244 del Código Penal, al artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y al artículo 175 de la Ley 847 de Ejecución Penal, todos del Estado de Guerrero. Las iniciativas fueron enviadas por la titular del Ejecutivo estatal, maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda, y dictaminadas por las Comisiones de Seguridad Pública, Justicia y de Estudios Constitucionales y Jurídicos.
Durante la fundamentación, la diputada Ma. del Pilar Vadillo Ruiz subrayó que la reforma a la Ley 179 busca armonizar el marco jurídico estatal con la legislación general, consolidando la estrategia nacional contra la extorsión. Entre los cambios destacan la formalización de órganos de coordinación y mesas de paz, la interoperabilidad tecnológica, el fortalecimiento del régimen disciplinario y la profesionalización de las instituciones de seguridad pública.
Por su parte, el diputado Carlos Eduardo Bello Solano explicó que la derogación de los artículos 243 y 244 del Código Penal responde al nuevo diseño institucional del delito de extorsión, considerado de alto impacto. Se incluyó un artículo transitorio para garantizar el principio constitucional de irretroactividad, de modo que los procesos iniciados antes de la entrada en vigor del decreto se sustancien conforme a la legislación vigente en su momento.
La diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez destacó que las reformas al artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública otorgan a la Secretaría de Seguridad Pública estatal la responsabilidad de diseñar, coordinar y evaluar la policía especializada en la prevención y combate a la extorsión, además de establecer mecanismos de coordinación tecnológica con instancias federales para la atención de denuncias y protección de datos personales.
Finalmente, el diputado Joaquín Badillo Escamilla fundamentó la adición al artículo 175 de la Ley de Ejecución Penal, orientada a fortalecer el régimen penitenciario y garantizar que los centros sean espacios seguros, libres de actividades delictivas y con control tecnológico alineado al marco jurídico nacional. Subrayó que estas reformas colocan en el centro a las personas y su derecho a vivir sin miedo, consolidando un sistema penitenciario más seguro y orientado al restablecimiento social.