Gilberto Guzmán
Con 40 votos a favor y 4 en contra, el Congreso del Estado de Guerrero aprobó reformar los artículos 28 y 29 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) para establecer la ampliación de cuatro a seis años del periodo de rector, directores de unidades académicas y representantes ante los consejos universitarios y académicos.
En la sesión de este miércoles, al fundamentar el dictamen que fue aprobado en la Comisión de Educación la semana pasada, el presidente de esta instancia legislativa, el ahora morenista Pánfilo Sánchez Almazán, destacó que la reforma busca fortalecer la gobernanza y la estabilidad institucional de la UAGro.
Explicó que la ampliación a seis años, replicada a tres años para las representaciones estudiantiles, tiene como objetivo principal permitir la continuidad y consolidación de proyectos educativos, administrativos y de investigación a largo plazo, porque -según la argumentación-, los periodos de cuatro años resultaban insuficientes para ejecutar programas de desarrollo institucional.
Apuntó que la reforma se alinea con la reforma constitucional federal de abril de 2025, que prohíbe la reelección inmediata para cargos de elección, y que tal principio jurídico se incorpora a la legislación universitaria, fortaleciendo la democracia interna, la alternancia y la transparencia en los procesos electorales.
El dictamen se respalda en la iniciativa presentada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la cual fue previamente aprobada por el Consejo Universitario de la UAGro.
Sánchez Almazán hizo énfasis en la legitimidad del proceso y la validez jurídica del dictamen, aprobado por mayoría en la Comisión de Educación el pasado 30 de octubre.
Defendió que el procedimiento legislativo que se siguió es plenamente válido, ya que el Consejo Universitario deliberó, aprobó y remitió formalmente su propuesta a la titular del Ejecutivo, quien, en pleno respeto a la autonomía universitaria, “la hizo suya y la presentó ante el Congreso del Estado para su trámite constitucional correspondiente”.
También dijo que en un transitorio se precisó que la ampliación de los periodos a seis años no será aplicable a las autoridades que actualmente se encuentran en funciones, encabezadas por el rector Javier Saldaña Almazán, al aplicar el principio constitucional de irretroactividad de la ley.
También se estableció que las autoridades en funciones permanecerán en su cargo hasta la toma de protesta de quienes las sustituyan, una medida que busca solucionar vacíos de poder y garantizar la gobernabilidad.
La reforma también incluye la incorporación de lenguaje incluyente en la redacción de los artículos, en sintonía con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.
Cuatro votos en contra
Los cuatro votos en contra de la reforma a ley universitaria fueron emitidos por tres diputados de Morena y una diputada del PAN, quienes se basaron principalmente en la preocupación por la democracia interna y la potencial concentración de poder en la Universidad Autónoma de Guerrero, que desde hace 10 años controla el rector Javier Saldaña Almazán.
Aristóteles Tito Arroyo, Diana Bernabé Vega y Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, los tres de Morena, y María Irene Montiel Servín, del Partido Acción Nacional (PAN), votaron en contra del dictamen al cuestionar la legitimidad del proceso y el espíritu de la ampliación de los mandatos, ya que aun cuando el dictamen final eliminó la reelección inmediata, el argumento principal fue que la extensión del periodo de las autoridades universitarias a seis años es excesiva y sienta un precedente para la “perpetuación de un grupo en el poder” o el establecimiento de “caciquismo” dentro de la universidad.
Aunque el dictamen mencionó la realización de un Foro Estatal de Consulta, los diputados en contra señalaron que el proceso de consulta a la comunidad universitaria formada por estudiantes, académicos de base y trabajadores fue “limitado e insuficiente”.
También criticaron que la iniciativa surgió del Consejo Universitario y fue directamente presentada por el Ejecutivo, sin pasar por un amplio debate en todas las unidades académicas, lo que resta legitimidad y base social a un cambio tan profundo en la Ley Orgánica.
