Gilberto Guzmán
En una sesión histórica para los derechos laborales en la entidad, el Congreso del Estado de Guerrero aprobó por unanimidad la minuta de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la reducción progresiva de la jornada laboral máxima de 48 a 40 horas semanales.
La modificación, que impacta las fracciones IV y XI del Apartado A del artículo 123 constitucional, contempla un esquema de transición que fija el año 2030 para su implementación total en todo el país.
Al fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, la diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez calificó la medida como un hito, destacando que la jornada laboral en México no había sido reformada desde su promulgación original en 1917.
Calixto Jiménez subrayó la urgencia de esta actualización tras señalar que, según datos de la OCDE, México registra actualmente un promedio superior a las 2,200 horas trabajadas por año, situándose entre las naciones con mayor carga laboral. La legisladora aseguró que esta reforma permitirá ajustes operativos en los sectores productivos para mejorar la eficiencia y productividad, sin que ello afecte los salarios o las prestaciones de la fuerza laboral.
Además de la reducción de la jornada, la reforma integra medidas específicas de protección social, entre las que destaca la prohibición estricta de que personas menores de 18 años laboren tiempo extra. Con esta disposición, se busca fortalecer el derecho al trabajo digno y salvaguardar la integridad de los jóvenes trabajadores.
Asimismo, la modificación promueve un equilibrio necesario entre la vida laboral y personal. El objetivo central es mejorar la salud física y mental de las y los empleados, fomentando con ello una mejor convivencia familiar y el fortalecimiento del tejido social y comunitario.
Finalmente, el dictamen subraya que esta medida representa un avance significativo en la protección de los derechos humanos de la clase trabajadora guerrerense. Al priorizar el bienestar integral del individuo, se busca elevar la calidad de vida sin menoscabar la estabilidad económica de las familias ni la productividad de los sectores económicos.
La aprobación contó con el respaldo y la intervención en tribuna de las y los diputados: María Irene Montiel Servín, Leticia Mosso Hernández, Erika Lorena Lührs Cortes, Jorge Iván Ortega Jiménez, Gladys Cortés Genchi, Beatriz Vélez Núñez, Joaquín Badillo Escamilla, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y Alejandro Bravo Abarca.