Gilberto Guzmán
Con el propósito de modernizar el marco jurídico estatal y adecuarlo a los estándares internacionales de derechos humanos, el diputado Jesús Parra García presentó ante el pleno una iniciativa de reforma al Código Civil del Estado de Guerrero. La propuesta busca redefinir el concepto de “alimentos” para asegurar que las personas acreedoras reciban un sustento que no solo sea suficiente, sino también nutritivo, de calidad y sostenible.
La iniciativa contempla la modificación del artículo 387 y la adición del 387 Bis, planteando que el derecho a la alimentación sea reconocido bajo criterios de pertinencia cultural y sostenibilidad. Según explicó el legislador en tribuna, esta actualización es fundamental para garantizar condiciones dignas de desarrollo, con un énfasis prioritario en el bienestar de la niñez, la adolescencia y otros grupos en situación de vulnerabilidad.
Para dar mayor certeza a la fijación de las pensiones alimenticias, el proyecto propone establecer lineamientos claros basados en factores objetivos. Entre estos se incluyen las canastas básicas normativas y regionales, así como la edad, el estado de salud y el grado de vulnerabilidad de los beneficiarios. Con esto se pretende que las obligaciones económicas no sean arbitrarias, sino que respondan a las necesidades reales del entorno actual.
Parra García subrayó que el marco legal vigente ha quedado rezagado frente a los mandatos constitucionales en materia de derechos humanos. Asimismo, destacó que esta reforma fortalecería el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, ya que el incumplimiento del pago se mediría bajo un estándar más robusto y humano, y no simplemente frente a una cifra aislada.
Finalmente, el diputado aclaró que la propuesta no modifica la identidad de los sujetos obligados a proporcionar alimentos, sino que eleva la calidad del derecho que se debe garantizar. Tras su exposición, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y posterior dictaminación.