Gilberto Guzmán
El diputado Jhobanny Jiménez Mendoza presentó dos iniciativas de reforma legal que buscan, por un lado, eliminar las trabas económicas para las víctimas de delitos en la recuperación de su patrimonio y, por otro, establecer un protocolo estricto contra el hostigamiento y acoso sexual dentro del Poder Legislativo.
La primera se trata de una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero para establecer mecanismos que garanticen la devolución gratuita, expedita y obligatoria de bienes asegurados a víctimas de delitos. La propuesta busca adicionar los artículos 13 Bis y 13 Ter para evitar que los ciudadanos enfrenten procesos burocráticos prolongados o costos de almacenamiento que deriven en una revictimización económica.
Durante su exposición en tribuna, el legislador detalló que la reforma plantea un plazo máximo de 30 días para la entrega de los bienes una vez que dejen de ser indispensables para la investigación ministerial.
Asimismo, subrayó que la restitución del patrimonio y herramientas de trabajo debe realizarse sin costo alguno, eliminando el cobro por concepto de depósito, resguardo o la exigencia de fianzas. Esta medida responde a la problemática recurrente donde los propietarios de vehículos asegurados deben costear largos periodos de corralón, afectando su estabilidad económica y psicológica. Tras su lectura, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis.
En la misma jornada parlamentaria, Jiménez Mendoza propuso la creación del Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar el Hostigamiento Sexual y el Acoso Sexual al interior del Congreso del Estado de Guerrero.
Esta iniciativa pretende dotar a la institución de mecanismos claros de prevención y sanción, respondiendo a las estadísticas nacionales que señalan una alta incidencia de violencia de género en los entornos laborales. El diputado destacó la importancia de que el Poder Legislativo se consolide como un espacio seguro, digno y libre de cualquier conducta que vulnere la integridad de las personas.
El protocolo propuesto contempla la implementación de canales de denuncia presenciales, digitales y anónimos, garantizando en todo momento la confidencialidad y el uso de la perspectiva de género.
Además, la estructura operativa incluiría la creación de un comité especializado y una unidad de acompañamiento para las víctimas, fortaleciendo simultáneamente las atribuciones del Órgano Interno de Control para investigar y sancionar dichas conductas. Esta segunda propuesta fue remitida a la Comisión para la Igualdad de Género para su dictaminación.