Por: Gilberto Guzmán
En Guerrero, la política parece haberse convertido en un ejercicio de equilibrismo cínico donde las cuentas no cuadran, pero las ambiciones sobran. Los recientes informes de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y de la Federación (ASF) han puesto bajo el reflector a dos de las figuras más visibles del estado: Abelina López Rodríguez y Norma Otilia Hernández. Ambas, mientras sortean un mar de irregularidades financieras que suman cientos de millones de pesos, mantienen la mirada fija en un solo objetivo: la gubernatura de 2027.
En el puerto, la alcaldesa Abelina López ha intentado reducir a “simples temas administrativos” una montaña de dinero sin destino claro. No estamos hablando de centavos. La ASF detectó un probable daño al erario por más de 206 millones de pesos solo en la Cuenta Pública 2024, que se suman a los 898 millones que la ASE estatal ya le reclamaba por el ejercicio 2023. En total, más de mil millones de pesos bailan en la incertidumbre.
Mientras Abelina pedía a los ciudadanos “disfrutar del Jolgorio Acapulqueño” y minimizaba la violencia que dejó 482 homicidios dolosos en 2025 (cifras consolidadas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) presentadas al cierre del año), las auditorías revelan pagos en exceso en nóminas y contratos con empresas bajo sospecha de colusión. ¿Cómo puede alguien aspirar a administrar un estado entero cuando su propia “casa”, el municipio más importante de Guerrero presenta un boquete financiero del 15% de su gasto auditado? La confianza ciudadana no se construye con festivales, se edifica con facturas claras y calles seguras, dos cosas que hoy Acapulco no tiene.
Por su parte, la gestión de Norma Otilia Hernández en la capital es el retrato de una administración que perdió el rumbo entre la opacidad y el escándalo. La ASE ha señalado un daño patrimonial de 255 millones de pesos vinculados a 160 obras públicas que carecen de soporte documental. Es decir, dinero que debió transformarse en pavimentación, agua o servicios, pero que en el papel simplemente no existe.
Pero el problema de Norma Otilia no es solo contable. Su administración quedó marcada a fuego por aquel video en el que se le vio departiendo con líderes del grupo criminal “Los Ardillos”. Aunque ella lo califica como un intento de “pacificación” y se dice víctima de violencia política, la realidad es que Chilpancingo vivió bajo su mando crisis de transporte y seguridad sin precedentes. Resulta casi surrealista que, tras ser expulsada de su partido y dejar una capital sumida en la incertidumbre financiera y social, su respuesta sea escribir un libro y seguirse promocionando para “lo que venga”.
La implicación de que estos datos se comprueben es letal para Guerrero. Si la ASE y la ASF confirman estos desvíos, estaríamos ante un escenario de responsabilidad resarcitoria y posibles denuncias penales. Sin embargo, en la lógica del poder guerrerense, las observaciones parecen ser vistas como medallas de batalla y no como motivos de vergüenza.
La ambición de gobernar Guerrero parece no tener como requisito la solvencia moral ni la eficacia administrativa.
¿Es este el perfil de gobernante que Guerrero merece? ¿Alguien que no puede comprobar en qué gastó el dinero de la infraestructura básica pero que levanta la mano para manejar todo el presupuesto estatal?
La confianza ciudadana está rota. No solo por el dinero que falta, sino por la sangre que corre en Acapulco y Chilpancingo mientras sus gobernantes se distraen en precampañas anticipadas. Si Abelina y Norma Otilia quieren la gubernatura, primero deberían entregar cuentas claras. Porque en política, como en la vida, lo que no se puede explicar, generalmente no se puede defender.