Gilberto Guzmán
La titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Sandra Luz Valdovinos Salmerón, dijo que para ser removida del cargo, como anunció la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, se tendrán que agotar los procedimientos constitucionales y legales, que le permiten ejercer su derecho de audiencia y debida defensa.
Este jueves, después de confirmar la renuncia de los secretarios de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera, la gobernadora confirmó que solicitará al Congreso del Estado la remoción de la Fiscal, para garantizar la transparencia y abonar a la búsqueda de la justicia en la muerte del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta, luego de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo el miércoles que el policía acusado de disparar contra Khotan escapó porque “no hubo cuidado” o porque hubo “complicidades” al interior de la FGE.
En respuesta, la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos difundió un comunicado en el que señala que respeta el anuncio de la jefa del Ejecutivo Estatal, pero que solicitará al Congreso del Estado que le dé audiencia para transparentar las acciones que la FGE realizó por el asesinato del joven normalista, que se investigó dentro de la carpeta iniciada de oficio el 8 de marzo pasado, por el delito de homicidio calificado.
Sin embargo, el artículo 142 numeral 7 de la Constitución Política del Estado de Guerrero establece que la Fiscal General podrá ser removida por la persona titular del Poder Ejecutivo por las causas graves previstas en el citado ordenamiento y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, además de cualquier infracción a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes federales.
Con base en los últimos acontecimientos, fuentes del poder Ejecutivo y del Congreso del Estado coinciden en que la Fiscal incumplió diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que señala en el artículo 68: “los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia deberán someterse a los procesos de evaluación en los términos de la normatividad correspondiente, con seis meses de anticipación a la expiración de la validez de su certificado y registro, a fin de obtener la revalidación de los mismos, en los términos que determinen las autoridades competentes”.
Mencionan que Sandra Luz Valdovinos también incumplió lo establecido en los artículos 131, 149 y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al no ordenar la detención de los policías involucrados en el asesinato del normalista.
Desde hace meses, la Fiscal ha estado en el ojo del huracán por los hechos de violencia contra la población en general, pero que se han focalizado en sectores como los transportistas, que han tenido que parar labores por amenazas y agresiones, dejando sin servicio a la ciudadanía de municipios como Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo y Taxco, y en consecuencia paralizando las actividades comerciales, educativas y otras.
Valdovinos Salmerón ha sido incapaz de reducir los índices delictivos, de frenar la violencia y de dar resultados en investigaciones de delitos de alto impacto.
Ha sido acusada de violentar los derechos de los trabajadores, y de poner en riesgo su integridad el pasado 12 de marzo, cuando no aplicó los protocolos para evacuar al personal ante la inminente llegada de los normalistas de Ayotzinapa que irrumpieron en la FGE enardecidos por la fuga del policía acusado de disparar contra su compañero, y en la protesta agredieron a elementos de la Guardia Nacional, agentes de la FGE e incendiaron vehículos oficiales y particulares, entre otras quejas que acumuló durante su efímera gestión.
Es por ello que la decisión de removerla del cargo se fundamenta en la incapacidad de la administración a su cargo para cumplir la obligación de garantizar la eficiencia en la procuración de justicia en Guerrero.