Las protestas de los normalistas de Ayotzinapa han escalado a niveles cada vez más violentos, que no les importa si para mostrar su rebeldía afectan derechos de terceras personas, como ocurrió este martes durante la irrupción en la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE).
En la conferencia mañanera, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reveló que se fugó el policía estatal acusado de disparar contra el estudiante de la Normal rural de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, y en respuesta los normalistas arremetieron contra las instalaciones de la FGE, donde dejaron a una decena de agentes -hombres y mujeres- lesionados por bombas lanzadas por los estudiantes y vehículos incendiados, oficiales y particulares.
La FGE se deslindó de la fuga del policía, dijo que no estaba bajo su resguardo, sino de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, cuya renuncia del titular, Rolando Solano Rivera, ha trascendido en las últimas horas, pese a que fue designado apenas el pasado 25 de enero.
Lo cierto es que la revelación del presidente, en plena conferencia mañanera, enardeció a Ayotzinapa y sus normalistas rompieron el diálogo que apenas la noche del lunes confirmaba la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, abordaron sus autobuses y se trasladaron de las instalaciones de su escuela, en Tixtla, a la FGE en Chilpancingo.
De manera por demás agresiva, armados con piedras y bombas molotov, vandalizaron el edificio, incendiaron nueve vehículos, no solo oficiales también de particulares, pero lo más grave: una decena de agentes de la Guardia Nacional lesionados por los artefactos explosivos, y la psicosis colectiva entre trabajadores, porque hubo quienes no alcanzaron a salir del edificio.
En los últimos días, los normalistas de Ayotzinapa han recurrido a sus prácticas habituales para mostrar su “rebeldía”: robo de vehículos oficiales y de empresas nacionales, quema de unidades, vandalización de edificios y lo que para ellos signifique demostrar fuerza contra la autoridad, sin importar que constituya un delito o que afecte derechos de la ciudadanía.
Consecuencia de ello, en los últimos años arreciaron los comentarios de la gente que reprueba la actitud de los normalistas de Ayotzinapa, a quienes acusan de desvirtuar el origen de la Normal Rural, de aprovecharse de la tragedia para obtener beneficios, y exigen al Gobierno cerrar la escuela.
Pero a los normalistas la opinión de la gente no les importa. Los líderes saben que tienen en los alumnos de primero y segundo grado una importante base social para enviarlos a la protesta, a las acciones vandálicas, sin importarles que en las consecuencias haya pérdidas humanas.
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