Por: Gilberto Guzmán
Terrible, sin duda lo que pasa en Chilpancingo con la violencia que se ha desatado en contra de los transportistas y que mantiene en vilo a la ciudadanía por el temor de que también se convierta en víctima de la delincuencia.
Este lunes, lamentablemente, se rompió la racha de varios días de saldo blanco contra el sector, con el ataque al chofer de una Urvan en la colonia Javier Mina, que falleció en el lugar, donde otra persona resultó herida.
El acontecimientos volvió a encender la alarma y obliga a mantener, y reforzar, el operativo de seguridad que se puso en marcha la semana pasada, cuando el sector se paralizó a consecuencia de la violencia que dejó cuatro trabajadores del transporte asesinados en diferentes hechos.
El Gobierno de Guerrero informó que hasta este lunes estaban brindando el servicio alrededor del 90% de las 1,600 urvans y taxis que operan en Chilpancingo, resultado de los recorridos de vigilancia en los que participan 500 elementos de las diferentes corporaciones policíacas, militares, guardias nacionales y policías estatales, resguardando las bases y sitios de las diferentes rutas.
La principal afectación a la ciudadanía ha sido la suspensión del servicio de urvans y taxis, que deriva en la paralización de la actividad económica y otras actividades esenciales como la educativa, porque las escuelas han tomado la determinación de suspender labores, en contra de la solicitud que hasta este lunes difundió la SEG para reanudar las actividades, y solamente algunas, principalmente las privadas, recurren a estrategias para no descuidar a sus estudiantes y les mandan trabajos para que los envíen por correo electrónico y plataformas como Zoom y Meet.
Después de la preocupación colectiva que se agudizó la semana pasada, a raíz de los últimos acontecimientos la ciudadanía cuestiona por qué los grupos criminales se han ensañado contra los transportistas, surgen dudas y preguntas en pláticas entre vecinos, en las oficinas, en los comercios, en conversaciones vía redes sociales, sobre qué intereses han entrado en juego en el sector como para arreciar la violencia contra los choferes.
Contagiados por la desinformación que se propaga por mensajes de whatsaapp, hay quienes especulan si los ataques violentos que mantienen paralizado al sector transportista no son antesala de un nuevo aumento al precio del pasaje, o si los líderes buscan generar condiciones para plantear mayores demandas como la liberación de más concesiones de servicio público, lo que es obvio no resolvería el problema.
Hay quienes también opinan que para aliviar la crisis por la paralización del transporte, el Gobierno debería analizar otras acciones, como la introducción de un sistema de transporte como el Acabús que opera en Acapulco, y hasta lo bautizan ya como “Chilpobús”; otros más aventurados proponen que se permita la entrada a servicios de transporte vía plataforma digital, como Uber o Didi.
Hay quienes opinan que ninguna de esas alternativas sería viable en la capital de Guerrero.
También hay quienes piden no perder de vista que Guerrero, como el país, están inmersos en un proceso electoral, en el que se elegirá al próximo o a la próxima presidenta de la República, a senadores, diputados federales, y en lo local a presidentes municipales y diputados, y que alborotar el avispero con estos ataques tiene fines perversos, para incidir en los resultados de las elecciones del 2 de junio próximo.
Lo cierto es que la ciudadanía es bombardeada todos los días con decenas de mensajes amenazantes, en los que se le advierte a la gente que si sale a la calle será víctima de ataques violentos, mensajes que amagan con cacerías entre bandas criminales, y que al ser replicados se viralizan y contribuyen a la psicosis colectiva.
La psicosis genera parálisis en la actividad comercial, obliga a los negocios a adelantar su hora de cierre para que los trabajadores puedan regresar a sus casas, caminando si no hay transporte, y para bajar la afluencia de gente en las calles, ocasionando que parezca que Chilpancingo se encuentra, efectivamente, bajo un toque de queda.
Ante esto, el Gobierno estatal ha insistido en no atender ni replicar rumores que solo abonan a la desinformación y a la psicosis colectiva que, de mantenerse, a corto plazo impactará en la economía de todos, comerciantes, burócratas, empleados… todos, no solo de los choferes del transporte público.
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