Gilberto Guzmán
Con el propósito de ampliar el marco jurídico de protección a los derechos de las mujeres, el Congreso del Estado aprobó un paquete de reformas y adiciones a la Ley Número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero, mediante el cual se incorporan y fortalecen diversas modalidades de agresión, entre ellas la estética, digital, política, obstétrica y contra la libertad reproductiva.
Las iniciativas fueron impulsadas por las diputadas de Morena Luissana Ramos Pineda, Claudia Sierra Pérez y Araceli Ocampo Manzanares, así como por el legislador del PRI Jesús Parra García. Los dictámenes correspondientes fueron elaborados por la Comisión para la Igualdad de Género y fundamentados en tribuna por la diputada Ma. del Pilar Vadillo Ruiz.
Durante su intervención, la legisladora señaló que la actualización normativa responde a la necesidad de reconocer que la violencia de género adopta nuevas expresiones y se reproduce en entornos físicos y virtuales que históricamente carecieron de regulación específica.
En materia de derechos de la personalidad, las reformas tipifican la violencia estética como una modalidad de agresión, estableciendo que ninguna mujer debe ser objeto de humillación, discriminación o presión por su aspecto físico, al considerarse una vulneración directa a su integridad y derechos humanos.
Asimismo, se amplió el reconocimiento a la libertad reproductiva, garantizando el derecho de decisión y el acceso a procedimientos de reproducción asistida. La norma sanciona ahora las conductas encaminadas a obstaculizar o limitar dicho acceso, incluida la inseminación artificial, así como las determinaciones vinculadas con una maternidad elegida y segura.
Respecto a la violencia digital y la violencia política en razón de género, el decreto incorpora supuestos específicos como la manipulación de contenidos digitales, la difusión de materiales alterados o generados artificialmente, la suplantación de identidad y otras agresiones ejecutadas mediante tecnologías de la información, incluida la inteligencia artificial (IA).
Vadillo Ruiz subrayó que la legislación estatal debe actualizarse frente al avance tecnológico para evitar que las herramientas digitales sean empleadas como mecanismos de intimidación, desacreditación o control contra las mujeres en el ámbito público y privado.
En cuanto a la violencia obstétrica, el marco normativo fue reforzado con un enfoque diferenciado hacia las mujeres indígenas y afromexicanas. Para ello, se amplían las atribuciones de la Secretaría de Salud estatal a fin de que implemente políticas públicas con perspectiva intercultural destinadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar estas prácticas en los servicios médicos, en una entidad donde persisten declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) por violencia feminicida y agravio comparado.
En la misma sesión, el Pleno avaló un segundo dictamen —derivado de una iniciativa de la diputada Araceli Ocampo Manzanares— para integrar a la Ley 553 la obligación de desarrollar infraestructura urbana con perspectiva de género en espacios públicos. La disposición contempla la instalación, mantenimiento y operación de sistemas de iluminación reforzada o luminarias especiales en zonas de tránsito catalogadas como de alto riesgo.
Para la ejecución de esta medida, se confieren atribuciones específicas a las secretarías de Seguridad Pública y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, dependencias que deberán identificar los polígonos de mayor incidencia delictiva en coordinación con los ayuntamientos, tomando como base los registros del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.
Con estas disposiciones, el Poder Legislativo busca dotar a las instituciones estatales y municipales de instrumentos técnicos y territoriales que permitan diseñar estrategias de prevención situacional basadas en evidencia estadística.
