Gilberto Guzmán
El Pleno de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero aprobó remitir al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de tipificar como violencia vicaria la obstaculización injustificada en el trámite y expedición de pasaportes para hijas e hijos de las víctimas.
La propuesta, presentada originalmente en abril pasado por la diputada Marisol Bazán Fernández (Morena), busca armonizar la legislación federal con los deberes reforzados del Estado en materia de perspectiva de género y evitar que la negativa o ausencia de uno de los progenitores frene el proyecto de vida de madres y menores.
Durante la fundamentación del dictamen en tribuna, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, la diputada Leticia Mosso Hernández (PT), señaló que la propuesta atiende una problemática recurrente: el uso de mecanismos legales o administrativos basados en hechos falsos o inexistentes. Explicó que estas prácticas son empleadas para bloquear derechos vinculados con la guarda y custodia, la convivencia familiar y la obtención de documentos oficiales, generando afectaciones psicológicas, emocionales y de control contra las mujeres.
La legisladora detalló que el impedimento arbitrario para tramitar un documento de identidad y viaje como el pasaporte —cuya emisión requiere actualmente la autorización de ambos padres ante la Secretaría de Relaciones Exteriores— vulnera de forma directa las garantías de niñas, niños y adolescentes. En particular, advirtió que estas restricciones limitan su acceso a la identidad, la movilidad, la educación, la convivencia familiar y el desarrollo integral.
En ese sentido, Mosso Hernández subrayó que la reforma enviada al Poder Legislativo federal plantea un equilibrio jurídico al armonizar la protección de las mujeres frente a la violencia vicaria con el principio constitucional del interés superior de la niñez. Con ello, precisó, se busca garantizar que la incorporación de estos supuestos en la normativa nacional no limite el ejercicio legítimo de los derechos procesales de las partes ni genere incertidumbre jurídica.
“Esta iniciativa representa un avance en el reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres frente a manifestaciones de violencia que, aunque en ocasiones permanecen invisibilizadas, generan profundas afectaciones en su vida personal y familiar”, concluyó la diputada ante el Pleno.