Gilberto Guzmán
Con el objetivo de garantizar que las medidas de protección pasen del papel a la acción efectiva y evitar recortes operativos en las áreas de atención de género, el Pleno del Congreso del Estado aprobó este miércoles dos paquetes de reformas a la legislación estatal en materia de igualdad y erradicación de la violencia.
En primer término, la LXIV Legislatura avaló modificaciones y adiciones a la Ley Número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Guerrero, con el fin de dotar de mayor oportunidad, eficacia y trazabilidad a las medidas u órdenes de protección, homologando la norma local con los criterios del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
El dictamen, elaborado por la Comisión para la Igualdad de Género a partir de las iniciativas presentadas por las diputadas Gloria Citlali Calixto Jiménez (Morena) y Leticia Mosso Hernández (PT), establece que estas disposiciones son instrumentos vitales para salvaguardar la integridad, libertad y vida de mujeres, niñas y adolescentes en situación de riesgo, en una entidad que mantiene vigentes dos declaratorias de Alerta de Violencia de Género (por violencia feminicida y por agravio comparado).
Durante la fundamentación en tribuna, la diputada Leticia Mosso Hernández destacó que la reforma fortalece los mecanismos de registro, sistematización e intercambio de datos interinstitucionales para contar con información confiable y actualizada que permita evaluar el cumplimiento real de cada medida.
“El propósito es que no se limite a la emisión de una disposición por parte de una autoridad, sino que se traduzca en acciones concretas y coordinadas que garanticen la seguridad de las víctimas, evitando cualquier forma de revictimización”, puntualizó la legisladora petista.
Asimismo, el decreto actualiza las referencias institucionales y amplía las atribuciones de la Secretaría de la Mujer del Estado (Semujer) para armonizar la ley con la estructura administrativa vigente, consolidando su papel en la coordinación de políticas públicas para la igualdad sustantiva.
En una segunda votación durante la misma sesión ordinaria, las y los diputados aprobaron reformas a la Ley Número 494 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y nuevamente a la Ley Número 553, derivadas de una iniciativa impulsada por la diputada Luissana Ramos Pineda (Morena), enfocadas en blindar las condiciones institucionales y financieras de las instancias encargadas de atender la violencia de género.
Respecto a la Ley 553, se modificó el artículo 43 para incorporar de manera obligatoria los principios de suficiencia, progresividad, no regresividad, transparencia y perspectiva de género como criterios rectores en la asignación de la partida presupuestaria destinada al Sistema Estatal y al Programa en la materia.
Por su parte, en la Ley 494 se adicionó el artículo 24 Bis y se reformó el artículo 17 Bis para mandatar que las dependencias y entidades públicas garanticen recursos suficientes a las unidades responsables de promover la igualdad de género, asegurando su fortalecimiento progresivo e impidiendo decisiones administrativas que limiten injustificadamente su capacidad operativa.