Gilberto Guzmán

La diputada Ma. del Pilar Vadillo Ruiz presentó ante el Congreso del Estado de Guerrero una iniciativa para expedir la Ley de Útiles Escolares, Calzado y Uniformes Gratuitos para Estudiantes de Educación Básica, orientada a normar y garantizar la entrega de estos insumos en la entidad.

Al exponer la propuesta, la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) detalló que el nuevo ordenamiento plantea abrogar la Ley Número 699 —expedida en 2015—, conservando los beneficios esenciales e introduciendo ajustes para fortalecer la planeación, presupuestación, adquisición, distribución, calidad, transparencia, evaluación y rendición de cuentas del programa.

Entre las principales disposiciones, el proyecto establece que los apoyos deberán entregarse preferentemente antes del inicio del ciclo escolar y, como plazo límite, dentro de las primeras dos semanas del periodo lectivo, salvo causa plenamente justificada.

La propuesta también contempla criterios de calidad, durabilidad, comodidad y seguridad para el vestuario escolar, mecanismos para la sustitución de bienes defectuosos, e incorpora medidas de inclusión y no discriminación, con ajustes razonables para estudiantes con discapacidad y criterios de pertinencia cultural, lingüística y regional para comunidades indígenas y afromexicanas.

En materia de transparencia y protección de datos personales, se plantea la creación de un Padrón Estatal de Beneficiarios y la publicación de información sobre adquisiciones, contratos, montos y proveedores. De igual forma, se establece la obligación de realizar evaluaciones anuales sobre cobertura, oportunidad, calidad y ejercicio presupuestal, cuyos informes se remitirán al Congreso local.

La iniciativa contempla también la habilitación de mecanismos para que la ciudadanía presente quejas y denuncias por irregularidades en la entrega, cobro, condicionamiento o entrega de bienes defectuosos. A su vez, prohíbe el uso de los recursos, padrones o actos de entrega para promoción personalizada, propaganda partidista o proselitismo político.

“La propuesta busca reducir las barreras económicas que enfrentan las familias al inicio del ciclo escolar, fortalecer la permanencia educativa y garantizar que los apoyos sean reconocidos como un derecho y no como una prestación sujeta a decisiones administrativas”, concluyó Vadillo Ruiz.

A la iniciativa se adhirieron las diputadas Leticia Mosso Hernández (PT), Rebeca Núñez Martín del Campo (PRD) y María Irene Montiel Servín (PAN), así como integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, tras lo cual la Mesa Directiva turnó el proyecto a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología para su análisis y dictaminación.

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