Por: Gilberto Guzmán/ Ante la incapacidad para construir acuerdos con el magisterio de las Escuelas Secundarias Técnicas de Guerrero, el Gobierno estatal ha sustituido la negociación política por la presión institucional. Cumplidas 96 horas de paro laboral, la respuesta oficial no consistió en una propuesta formal para saldar las más de 5,000 horas de adeudo histórico con los docentes, sino en actos directos de intimidación. Mientras a nivel federal la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reitera que la represión a los movimientos sociales ha sido erradicada, en el ámbito local el Ejecutivo estatal recurre a prácticas de coerción administrativa propias del viejo régimen autoritario.
Tiene razón la mandataria federal al sostener que desde la Presidencia no se persigue ni reprime la protesta. El conflicto se concentra en las entidades federativas. En Guerrero no se registra una violencia abierta, pero sí se despliega un esquema de micro-represiones digitales y hostigamiento administrativo: un amedrentamiento silencioso incompatible con un proyecto político que abandera la promoción y el respeto de los derechos del pueblo.
Este lunes, la cerrazón oficial alcanzó su punto crítico. Tras el estancamiento de las mesas de trabajo en la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), el titular de la dependencia, Ricardo Castillo Peña, canceló de facto su asistencia y dejó plantados a los representantes de más de 300 planteles procedentes de las ocho regiones de la entidad.
La dirigencia de la Sección 14 del SNTE, encabezada por Silvano Palacios Salgado, junto con el supervisor Juan Talavera, confirmó el colapso de las negociaciones ante la falta de voluntad política para regularizar claves presupuestales y liquidar los adeudos pendientes en el marco de la Nueva Escuela Mexicana.
La omisión dio paso a la presión abierta. De manera paralela al abandono de las mesas de diálogo, la SEG desplegó una campaña de amedrentamiento en redes sociales y medios de comunicación, difundiendo advertencias de “consecuencias” y represalias legales contra los huelguistas de 30 zonas escolares. De forma simultánea, personal de la Secretaría General de Gobierno comenzó a acudir a los centros de trabajo para levantar pases de lista, en una acción de fiscalización que vulnera el libre ejercicio de la protesta sindical. La represión en su más pura expresión.
Esta respuesta institucional desvirtúa los principios de un gobierno democrático y configura un patrón de acoso laboral burocrático. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la Federación deben intervenir de forma inmediata para desactivar la crisis. El magisterio de secundarias técnicas no exige privilegios, sino la retribución justa por el trabajo devengado.
Responder a las demandas laborales con advertencias digitales y pases de lista en las escuelas deteriora la relación con la base trabajadora que sostiene la educación pública. De mantenerse el bloqueo al diálogo, el paro indefinido continuará, trasladando el costo político del conflicto directamente a las autoridades locales.