*La enmienda exige renuncia formal a otra ciudadanía para encabezar los Ejecutivos federal y locales; entrará en vigor en el proceso electoral de 2028
Gilberto Guzmán
El Congreso del Estado de Guerrero aprobó por mayoría la minuta de reforma constitucional que modifica y adiciona los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para exigir la condición de “nacionalidad única” a quienes aspiren a titular los Poderes Ejecutivos federal y de las entidades federativas.
De acuerdo con el dictamen remitido por la Cámara de Diputados, para optar por la Presidencia de la República o una gubernatura se requerirá ser mexicano por nacimiento, hijo de padre o madre mexicanos, estar en pleno goce de sus derechos y acreditar una residencia mínima en el país de 20 años. Quienes ostenten otra nacionalidad deberán renunciar formalmente a ella y no podrán adquirir ninguna adicional antes o durante su gestión.
Para el caso de gobernadores, el texto establece que los aspirantes deberán ser nativos de la entidad o contar con una residencia efectiva no menor a 30 años cumplidos al día de la elección, o el plazo menor fijado por la Constitución local. Asimismo, prohibe a los mandatarios en funciones hacer uso de pasaportes extranjeros, ejercer derechos políticos en el exterior o acogerse a protección diplomática extranjera.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, la diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez, aclaró que estas disposiciones aplicarán a partir del proceso electoral de 2028, respetando la validez de los certificados de nacionalidad emitidos con anterioridad y los derechos de los actuales funcionarios.
Calixto Jiménez sostuvo que el artículo 32 constitucional ya reservaba ciertos cargos para mexicanos sin otra nacionalidad, por lo que esta modificación regulariza la norma para las máximas responsabilidades políticas:
“La minuta simplemente lleva ese principio, de manera expresa y sin ambigüedades, a los cargos de mayor responsabilidad política, como la titularidad de los poderes ejecutivos”.
La legisladora precisó que la norma no contraviene el artículo 37 constitucional respecto a la privación de la nacionalidad, pues únicamente regula criterios de elegibilidad electoral:
”Quien tenga doble nacionalidad sigue siendo mexicano; únicamente si decide aspirar a gobernar, deberá asumir una lealtad exclusiva”.
La diputada concluyó que la reforma fortalece la confianza ciudadana, salvaguarda la soberanía nacional y previene potenciales conflictos de interés o presiones externas en la conducción del Estado.
Durante el debate del dictamen fijaron la postura de sus respectivas fracciones y representaciones partidistas las diputadas María Irene Montiel Servín (PAN) y Erika Lorena Lührs Cortés (MC), así como los diputados Joaquín Badillo Escamilla y Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, ambos de la bancada de Morena.