Por: Gilberto Guzmán
Este viernes 11 de septiembre, el auditorio estatal Sentimientos de la Nación será el escenario donde la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, emitirá un mensaje político con motivo de su quinto informe de gobierno. A cinco años de haber asumido la conducción del estado, el evento marca el momento idóneo para evaluar una de las promesas centrales de su gestión: convertir a Guerrero en un auténtico “santuario para las mujeres”.
Al inicio de su mandato en 2021, Salgado Pineda comprometió su palabra en frenar prácticas históricas como la venta de niñas bajo la costumbre de las uniones tempranas forzadas en zonas indígenas, además de garantizar cero tolerancia a la violencia de género. La expectativa fue alta: transformar un estado marcado por la marginación y el machismo sistémico en un espacio seguro para las mujeres.
Cinco años después, el informe gubernamental exhibe inversiones relevantes y la creación de programas institucionales que buscan dar sustento a ese compromiso. Sin embargo, la pregunta de fondo es si estas acciones han logrado modificar las condiciones estructurales que sostienen la violencia y la desigualdad.
Las dependencias estatales presentan resultados cuantitativos que reflejan, no está a discusión, una voluntad presupuestal clara. La Secretaría del Bienestar reporta la Tarjeta Violeta, con más de 23,000 beneficiarias y una inversión superior a 200 millones de pesos. La Secretaría de la Mujer contabiliza más de 78,000 servicios de atención y campañas de prevención que alcanzaron a casi 300,000 personas por año. La Secretaría General de Gobierno presume el Transporte Violeta, con más de 69,000 usuarias mensuales en zonas de riesgo. Y la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico impulsa políticas de emprendimiento incluyente.
Estas cifras muestran un esfuerzo institucional sostenido y un gasto social orientado hacia el sector femenino. No obstante, el análisis exige ir más allá de los números. Porque el despliegue de programas sociales es un paso necesario, pero no suficiente para hablar de un santuario. Persisten desafíos que ponen en tensión la narrativa oficial.
La violencia estructural, por citar un ejemplo, continúa en comunidades rurales e indígenas, donde las uniones forzadas sobreviven pese a las campañas de sensibilización. La impunidad judicial sigue siendo un cuello de botella: los servicios de atención responden al daño ya consumado, mientras que la tipificación oportuna del feminicidio y la sanción a agresores avanzan con rezago. El Transporte Violeta ofrece un espacio seguro, pero no sustituye una estrategia integral de pacificación urbana. Y el desplazamiento forzado, atendido por la Red Violeta, evidencia cómo la violencia generalizada impacta con mayor dureza a mujeres y familias.
El compromiso de transformar a Guerrero en un “santuario para las mujeres” fijó un parámetro elevado. Las acciones emprendidas —tarjetas de apoyo, servicios de atención, transporte exclusivo— son avances tangibles que deben reconocerse. Sin embargo, un santuario no se construye únicamente con programas asistenciales ni con discursos oficiales. Requiere desmontar la impunidad, garantizar justicia efectiva y modificar las estructuras culturales que perpetúan la violencia.
El informe de este viernes será ocasión para celebrar logros, pero también para reconocer las deudas pendientes. El verdadero desafío es que las políticas públicas trasciendan la estadística y se traduzcan en cambios palpables en la vida cotidiana de las mujeres guerrerenses.
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