Gilberto Guzmán
El diputado Pánfilo Sánchez Almazán (Morena) presentó una iniciativa para tipificar como delito electoral la simulación de identidad indígena o afromexicana. La propuesta contempla castigos drásticos para los candidatos infractores: de dos a seis años de prisión, multas de 100 a 200 días, la cancelación inmediata de la candidatura y la inhabilitación para ocupar candidaturas y cargos públicos.
En el proyecto se plantea adicionar la fracción XI al artículo 9 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y propone que el Congreso de Guerrero promueva formalmente esta reforma ante el Congreso de la Unión. De este modo, se busca sancionar penalmente a quien, de forma dolosa, se ostente como integrante de un pueblo originario o afrodescendiente para acceder a una postulación reservada, sin acreditar un verdadero vínculo cultural, histórico, territorial o comunitario.
Además de las penas de prisión que correspondan, la iniciativa estipula que los infractores serán inhabilitados para contender por candidaturas o ejercer cargos públicos hasta por dos procesos electorales. Asimismo, introduce sanciones económicas y administrativas para los partidos políticos que avalen estas simulaciones y mandata a los órganos electorales a diseñar mecanismos estrictos para verificar la autoadscripción calificada.
Al argumentar su propuesta ante la Comisión Permanente, Sánchez Almazán subrayó el trasfondo histórico de estos espacios de representación en Guerrero y el país:
“La representación política de los pueblos indígenas y afromexicanos no constituye una concesión del Estado; es el resultado de décadas de lucha por el reconocimiento de nuestros derechos, nuestra identidad y nuestra dignidad. Las acciones afirmativas han permitido que quienes históricamente fuimos excluidos podamos ocupar los espacios de representación que legítimamente nos corresponden”.
El legislador morenista sostuvo que la usurpación de identidades no debe catalogarse como una falta menor, sino como un agravio directo al sistema democrático que altera la equidad de la contienda mucho antes de que la ciudadanía acuda a las urnas.
“Esto constituye un verdadero fraude a la ley. No estamos hablando de una simple irregularidad administrativa; es una conducta que desvirtúa el propósito de las acciones afirmativas, desplaza a quienes realmente pertenecen a nuestros pueblos y vulnera el principio de representación auténtica que protege nuestra Constitución”.
Al referirse al impacto de este vacío legal, el diputado advirtió sobre la distorsión que genera en los comicios:
“Quien obtiene una candidatura mediante una falsa identidad altera la competencia electoral antes incluso de que la ciudadanía emita su voto. No modifica las boletas electorales ni compra votos, pero sí altera ilegalmente quiénes pueden competir, y eso también lesiona la democracia”.
Finalmente, Sánchez Almazán argumentó que la tipificación penal es una medida idónea, proporcional y congruente con los criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Sostuvo que el proyecto no busca restringir derechos, sino impedir que las herramientas de justicia constitucional se conviertan en ventajas indebidas, concluyendo que “la identidad no se inventa, no se compra y no se simula”.
La iniciativa fue turnada formalmente a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis, discusión y posterior dictaminación.