Gilberto Guzmán
El pleno de la LXIV Legislatura aprobó diversas reformas a la Constitución Política del Estado de Guerrero en materias clave como disciplina presupuestaria, sub y sobrerrepresentación legislativa, no reelección, combate al nepotismo electoral, paridad sustantiva e integración de los ayuntamientos.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, la diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez, explicó que la reforma integra propuestas presentadas por la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda, las diputadas Diana Bernabé Vega y Marisol Bazán Fernández, así como los diputados Jorge Iván Ortega Jiménez, Rafael Martínez Ramírez y Carlos Eduardo Bello Solano.
La legisladora destacó que estas modificaciones armonizan el marco jurídico estatal con las reformas federales vigentes, fortaleciendo con ello la democracia, la transparencia y la austeridad en Guerrero.
Precisó que los cambios garantizan una asignación de diputaciones de representación proporcional basada estrictamente en la votación estatal efectiva —es decir, excluyendo votos nulos, candidaturas no registradas y partidos que no alcancen el 3 por ciento del umbral electoral—, lo que asegura que el Congreso estatal refleje fielmente la voluntad ciudadana bajo un límite constitucional del 8 por ciento de sobrerrepresentación.
Asimismo, se elimina la reelección consecutiva para diputaciones y cargos edilicios en los ayuntamientos, una medida orientada a garantizar la renovación periódica de los espacios de representación popular y evitar la perpetuación de grupos políticos en el poder.
La reforma también introduce candados estrictos contra el nepotismo electoral, al impedir que cónyuges, parejas de hecho o familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad se sucedan de manera inmediata en un mismo cargo de elección popular.
Calixto Jiménez enfatizó que se blinda el principio de paridad de género en la integración de los ayuntamientos mediante reglas de paridad horizontal y vertical; esto obliga a que al menos el 50 por ciento de las candidaturas a presidencias municipales sean encabezadas por mujeres, garantizando además una alternancia adecuada en las sindicaturas y regidurías.
En cuanto a la reingeniería de los cabildos, se estableció un tope máximo de una sindicatura y hasta 15 regidurías según la población de cada municipio, medida que reducirá el gasto corriente para reorientar los recursos públicos hacia obras y servicios prioritarios para la ciudadanía.
Respecto a la responsabilidad financiera del Poder Legislativo, se fijó un límite presupuestario máximo equivalente al 0.70 por ciento del presupuesto estatal anual, promoviendo una estricta disciplina presupuestaria y una mayor eficiencia en el uso de los recursos.
Finalmente, queda estrictamente prohibida la contratación de seguros de gastos médicos privados con recursos públicos para las personas servidoras públicas de la institución legislativa.