Gilberto Guzmán
Como resultado de un intenso proceso de diálogo y consenso, la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero dio este jueves un paso trascendental en materia de derechos humanos al aprobar la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Desaparición de Personas del Estado de Guerrero, saldando así una deuda histórica con las familias de las víctimas.
Durante una prolongada jornada de sesiones extraordinarias, las y los diputados avalaron el dictamen emitido por la Comisión de Derechos Humanos. El proyecto, originado en una iniciativa promovida por la diputada Araceli Ocampo Manzanares (Morena), subraya que Guerrero ha sido, históricamente, una de las entidades federativas más golpeadas por el impacto de la desaparición de personas.
Al fundamentar el dictamen, la legisladora resaltó que la desaparición forzada —cometida tanto por agentes del Estado como por particulares— constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos. Detalló que esta práctica suspende indefinidamente el goce de garantías fundamentales como la libertad, la integridad, la personalidad jurídica y, con frecuencia, la vida. Asimismo, genera un impacto psicosocial devastador en el entorno familiar y convierte en víctimas directas a quienes asumen las tareas de búsqueda ante la histórica insuficiencia de las instituciones de procuración de justicia.
Este nuevo ordenamiento, indicó, establece las bases de coordinación y distribución de competencias entre los entes públicos estatales, municipales, federales y de otras entidades que participen en la búsqueda e investigación de personas desaparecidas, con el objetivo de esclarecer los hechos, prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito.
La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso resaltó que esta “ley de gran calado” es resultado de la lucha incansable de los colectivos de familiares de víctimas de desaparición, quienes la redactaron acorde a sus necesidades, así como de las instituciones que se sumaron para perfeccionarla y sistematizarla. “Aunque el corazón, fuerza y legitimidad de este proyecto es exclusivamente de las familias”, remarcó.
Destacó que entre las principales innovaciones de la ley se encuentran la creación del Centro Estatal de Identificación Humana, la regulación de los Centros Temporales de Resguardo Humano, el diseño de registros estatales interoperables con plataformas nacionales, la incorporación del Banco Estatal de Datos Forenses y la consolidación del Sistema Estatal de Búsqueda como un órgano permanente de coordinación.
“Esta ley es una cuenta pendiente y una necesidad urgente. Esta ley es por Josué Molina Rodríguez, Saulo Rodríguez Cruz, José Alberto Téllez Mora, Vicente Suástegui Muñoz, Ivette Melissa Flores Román, Johnnattan Munívez Mayo, Epifanio Avilés Rojas, Rosendo Radilla Pacheco, Octaviano Gervasio Benítez, por los 43 estudiantes normalistas rurales de Ayotzinapa y por los miles que nos faltan”, apuntó la legisladora.
Respecto al dictamen de la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Desaparición de Personas del Estado de Guerrero —así como la abrogación de la Ley para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas en el Estado de Guerrero—, intervinieron en tribuna las diputadas María Irene Montiel Servín, Marisol Bazán Fernández, Ma. del Pilar Vadillo Ruiz, Beatriz Vélez Núñez, Leticia Mosso Hernández y el diputado Jesús Urióstegui García.