Gilberto Guzmán
El diputado Jesús Parra García, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, presentó este jueves ante la Comisión Permanente del Congreso del Estado una iniciativa de reforma para crear y fortalecer un Sistema de Quejas, Denuncias e Inconformidades enfocado en los programas sociales que opera el gobierno estatal.
La propuesta contempla modificar la denominación del Capítulo I del Título Sexto de la Ley Número 026 para el Bienestar del Estado de Guerrero, así como reformar los artículos 87 al 94 y adicionar los artículos 94 Bis y 94 Ter.
De acuerdo con el legislador, la reforma busca establecer reglas claras de accesibilidad para la presentación de quejas y denuncias, crear un registro con folio único que garantice el seguimiento de cada caso, fijar plazos definidos de resolución y fortalecer los mecanismos de canalización hacia las autoridades competentes.
Durante su intervención en tribuna, Parra García sostuvo que es necesario consolidar herramientas de fiscalización ciudadana y transparencia en la aplicación de los recursos destinados al desarrollo social.
“Cuando un programa social funciona con legalidad, transparencia y sentido humano, el Estado honra su palabra y dignifica a la persona; pero cuando ese programa es dirigido por la opacidad, la arbitrariedad, la indiferencia o el abuso, entonces no sólo falla una oficina pública; se lastima la confianza ciudadana, se humilla a quien más necesita respaldo institucional y se traiciona el sentido ético del servicio público”, expresó.
Según el documento presentado, la reforma plantea pasar del actual esquema de denuncia popular a un sistema más amplio de protección para los beneficiarios de programas sociales. Además, incorpora medidas de accesibilidad mediante distintas vías de atención y garantiza protección contra posibles represalias para quienes denuncien irregularidades de buena fe.
El representante popular advirtió que la ausencia de mecanismos eficaces de defensa administrativa afecta principalmente a los sectores más vulnerables de la población que dependen de apoyos gubernamentales.
“No podemos aceptar que una madre de familia, un adulto mayor, una persona con discapacidad, una mujer indígena, un jornalero, un joven en pobreza o cualquier beneficiaria o beneficiario del bienestar quede atrapado en el silencio administrativo, en la ventanilla cerrada, en el maltrato, en la amenaza velada o en la cancelación injusta de un apoyo sin tener una vía clara, pronta y efectiva para defenderse”, señaló.
En la exposición de motivos, Parra García argumentó que fortalecer los mecanismos institucionales de supervisión y atención en los programas sociales es indispensable para garantizar la rendición de cuentas y evitar prácticas de subordinación política.
“Legislar en materia de bienestar no es repartir palabras; es construir confianza pública. Y construir confianza pública exige controles, procedimientos, rendición de cuentas y profundo respeto a la dignidad humana. Ese es el espíritu de esta iniciativa: convertir la política social en un espacio de derechos y no de subordinación; de ciudadanía y no de clientela; de legalidad y no de privilegios”, puntualizó.
Finalmente, el diputado afirmó que los programas sociales deben preservar su carácter institucional y estar orientados al servicio de la población.
“El Grupo Parlamentario al que pertenezco, el Partido Revolucionario Institucional, no tiene ninguna duda de que los programas sociales deben servir a la gente, no servirse de la gente; para que el bienestar tenga rostro humano, cauce jurídico y vigilancia democrática”, concluyó.