Gilberto Guzmán
La Comisión de Salud del Congreso del Estado analiza una propuesta de la diputada Obdulia Naranjo Cabrera para fortalecer la cobertura del Programa Estatal de Salud Mental y Adicciones a través de la contratación y distribución estratégica de psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales en los municipios con mayor rezago en la materia.
Al fundamentar este exhorto —dirigido a la Secretaría de Salud estatal y al Consejo de Salud Mental y Contra las Adicciones de Guerrero—, la legisladora del PVEM señaló que la salud mental es uno de los principales desafíos de salud pública actuales. Esto se debe al incremento de casos de ansiedad, depresión, conductas suicidas y consumo de sustancias psicoactivas registrado en los últimos años.
La legisladora abundó que, aunque esta problemática afecta a personas de todas las edades, impacta con mayor severidad a la niñez y la juventud. Además, advirtió que la situación se agrava en la entidad debido a factores estructurales como la pobreza, la marginación, la violencia y la dispersión geográfica, los cuales obstaculizan el acceso a servicios especializados.
Naranjo Cabrera reconoció los esfuerzos de la Secretaría de Salud estatal, pero subrayó que aún quedan retos importantes. “Existen municipios con atención psicológica y psiquiátrica insuficiente, comunidades rurales e indígenas que requieren servicios itinerantes, y centros educativos donde urgen programas permanentes de prevención y atención”, detalló.
Por ello, planteó robustecer el Programa Estatal de Salud Mental y Adicciones mediante la ampliación de la plantilla de especialistas y la implementación de programas permanentes de atención psicológica y prevención del suicidio en escuelas. Asimismo, propuso el despliegue de brigadas móviles en comunidades de difícil acceso, el refuerzo de acciones preventivas para jóvenes y la consolidación de un sistema estatal de información para diseñar políticas públicas basadas en evidencias.
Finalmente, Naranjo Cabrera remarcó que garantizar el acceso a la atención de la salud mental no es un gasto, sino una inversión clave en el desarrollo humano, la estabilidad familiar y la seguridad pública del estado.