Gilberto Guzmán
Para garantizar el respeto a los derechos laborales del personal que participa en la ejecución de obras públicas, el diputado Héctor Suárez Basurto presentó una iniciativa de reforma y adición a los artículos 57, 61 y 65 de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero.
Al presentar su propuesta ante la Comisión Permanente del Congreso del Estado, el legislador de Morena señaló que las empresas contratistas deben acreditar el cumplimiento de sus obligaciones patronales mediante la afiliación de su personal al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Asimismo, deberán mostrar el registro de la obra, las nóminas y las listas de raya de quienes participan en los proyectos.
Explicó que, por su naturaleza, esta actividad se califica como empleo temporal debido a la eventual culminación de las construcciones; sin embargo, subrayó que existen ordenamientos estatales y federales en materia de seguridad social que obligan a los contratistas a registrar cada obra y dar de alta a sus trabajadores para evitar que se vulneren sus derechos.
En ese sentido, indicó que el beneficio primordial de esta iniciativa radica en dignificar las condiciones de vida de los trabajadores de la construcción en Guerrero, garantizando que cuenten con un seguro de riesgos de trabajo activo desde el primer día de las labores.
“Esto es de vital importancia en un sector con una alta tasa de siniestralidad, donde un accidente sin seguridad social suele significar la ruina económica de una familia entera. Con este candado legal, el albañil, el peón y el artesano de la construcción tendrán acceso real a atención médica, medicamentos, cirugías e incapacidades pagadas ante cualquier eventualidad”, ilustró.
De la misma forma, la iniciativa busca dotar a las dependencias ejecutoras de herramientas que les permitan verificar el cumplimiento de estas obligaciones durante el desarrollo de los proyectos, garantizando así mayor transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Congreso local para su respectivo análisis y dictaminación.