Gilberto Guzmán
Con el objetivo de fortalecer las garantías institucionales de protección de los derechos humanos y asegurar la continuidad de los servicios públicos esenciales, la diputada Araceli Ocampo Manzanares presentó una iniciativa para reformar y adicionar un cuarto y quinto párrafo al artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Guerrero. La propuesta busca elevar a rango constitucional el principio de no regresividad presupuestal.
En la propuesta, que fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su correspondiente análisis y dictaminación, la legisladora establece de manera expresa que los recursos, asignaciones presupuestarias, programas o servicios destinados a garantizar los derechos fundamentales no puedan ser inferiores a los aprobados en el ejercicio fiscal inmediato anterior.
La diputada señala que el gasto público es la principal herramienta estatal para materializar la dignidad humana. Por ello, argumentó que una reducción injustificada en sectores clave como la salud, la educación, la atención a víctimas y la protección de grupos vulnerables compromete gravemente la capacidad institucional para garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Finalmente, Ocampo Manzanares subrayó que esta reforma busca consolidar la estabilidad financiera de las políticas públicas en la entidad, evitando así que vaivenes presupuestales afecten la continuidad de los programas esenciales para la población de Guerrero.