Gilberto Guzmán
El diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Guerrero. El proyecto busca crear una Plataforma Municipal de Transparencia que consolide la apertura de los cabildos y Consejos Consultivos, transformándolos en herramientas activas de fiscalización y corresponsabilidad ciudadana.
El legislador expuso que el municipio libre es la base de la organización política y administrativa del Estado mexicano. Por ello, consideró indispensable actualizar el marco jurídico local bajo los principios de planeación estratégica, gobierno digital, sostenibilidad, inclusión social, perspectiva de género y participación ciudadana.
De este modo, la propuesta plantea que los ayuntamientos utilicen dicha plataforma para publicar, de forma accesible y en formatos abiertos, reglamentos, bandos, actas de cabildo, presupuestos y cuentas públicas. También deberán transparentar los programas de obra pública, sus avances físico-financieros, concesiones, permisos y contratos, garantizando el acceso público y gratuito a la información institucional.
Asimismo, la iniciativa busca fortalecer la figura del cabildo abierto al obligar a celebrar una sesión mensual bajo esta modalidad, permitiendo que la ciudadanía participe directamente en la deliberación de asuntos públicos y formule propuestas colectivas. El planteamiento contempla además la implementación de presupuestos participativos, consultas ciudadanas (presenciales y digitales) y el cabildo abierto electrónico para acercar la toma de decisiones a la población.
Finalmente, Sánchez Alarcón señaló que la reforma robustece la integración de los Consejos Consultivos. Se propone que estos órganos sean honoríficos, plurales y convocados públicamente para incorporar a representantes de colegios de profesionistas, instituciones académicas, organizaciones civiles, cámaras empresariales y ciudadanos en general, bajo criterios estrictos de paridad de género e inclusión social.
El documento fue turnado a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación para su análisis y dictaminación.