Gilberto Guzmán
El diputado Carlos Eduardo Bello Solano propuso ante el Congreso local una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, con el propósito de armonizar el marco jurídico de la entidad con las recientes reformas constitucionales sobre simplificación orgánica, buscando al mismo tiempo garantizar el derecho ciudadano de acceso a la información pública.
De acuerdo con el legislador, esta propuesta surge como consecuencia de la reforma constitucional federal publicada el 20 de diciembre de 2024 y de la posterior modificación a la Constitución Política del Estado de Guerrero. Mediante este ajuste legal en materia de simplificación orgánica, se determinó la extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero (ITAIGro).
Ante la desaparición del ITAIGro, el proyecto plantea trasladar las atribuciones de transparencia y protección de datos personales a diversas autoridades garantes. Bajo este nuevo esquema, la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental asumirá las funciones para el Poder Ejecutivo y los municipios, mientras que los órganos internos de control u homólogos harán lo propio en los Poderes Legislativo y Judicial, así como en los organismos constitucionales autónomos.
El legislador expuso que el nuevo ordenamiento se conforma por ocho títulos, divididos en 23 capítulos y 136 artículos. En este cuerpo normativo se establecen los principios, bases generales y procedimientos para asegurar el acceso a la información pública, además de delimitar con precisión las competencias de cada una de las nuevas autoridades garantes locales.
Asimismo, la propuesta incorpora disposiciones enfocadas en datos abiertos, formatos accesibles, transparencia con sentido social, innovación tecnológica e igualdad sustantiva. También incluye medidas de accesibilidad para grupos de atención prioritaria, detallando de manera específica que los procedimientos puedan realizarse en lenguas indígenas y en formatos adaptados para personas con discapacidad.
Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, la iniciativa establece mecanismos de vigilancia y sanción. En este sentido, se contemplan multas, procedimientos de denuncia y responsabilidades administrativas dirigidas a los sujetos obligados que incumplan con la publicación y entrega de la información pública requerida.
Finalmente, el documento prevé el proceso de transferencia de los expedientes, archivos y procedimientos que pertenecían al extinto ITAIGro hacia las nuevas autoridades competentes. Para coordinar dicha entrega-recepción y asegurar la continuidad institucional en la materia, se contempla la integración de un Comité de Transferencia especializado.