Gilberto Guzmán
Con el propósito de fortalecer las facultades de las unidades administrativas municipales encargadas de atender a los pueblos indígenas y afromexicanos, el diputado Edgar Ventura de la Cruz presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, a fin de dotar a estas áreas de herramientas legales que garanticen el desarrollo integral, la consulta previa y el respeto a los derechos humanos de estas comunidades.
El proyecto de decreto propone modificar las fracciones I, II y III, así como adicionar las fracciones V, VI, VII, VIII, IX y X del artículo 69 Ter de dicha ley, recorriendo la actual fracción IV a la posición XI. Tras su presentación ante el pleno, el documento fue turnado a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación para su análisis y dictaminación.
El legislador, integrante del Partido del Trabajo (PT), expuso que la iniciativa parte del reconocimiento de la naturaleza pluricultural de México y de Guerrero. Asimismo, señaló que los pueblos originarios y afromexicanos han enfrentado históricamente condiciones de marginación y exclusión, por lo que consideró necesario establecer de manera formal la obligación de los ayuntamientos de erradicar prácticas discriminatorias y garantizar la igualdad de oportunidades.
La propuesta también busca armonizar el marco jurídico municipal con los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Uno de los ejes centrales de la reforma es la implementación de mecanismos de consulta previa, libre e informada. Esta medida se aplicaría de manera obligatoria cuando las autoridades municipales prevean acciones, programas o políticas públicas que puedan impactar directamente a estas comunidades, con el fin de respetar su cosmovisión y sus formas de organización interna.
Finalmente, el proyecto plantea impulsar programas institucionales en los ámbitos económico, educativo, social y cultural, orientados a la preservación de las lenguas y tradiciones locales. De igual forma, promueve una mayor coordinación entre ayuntamientos, dependencias públicas y organizaciones civiles para consolidar un modelo de gobernanza incluyente y reducir las brechas de desigualdad en la entidad.