Roberto Santos
Con la entrega de dos ex funcionarios sinaloenses, estamos atestiguando quizá el inicio del derrumbe lento de una época política que creyó que la soberanía también servía como escondite.
La entrega y acuerdos de ser testigos en la Corte de EU, recuerda esas escenas nacionales donde todos sonríen en la fotografía oficial mientras debajo de la mesa alguien ya negocia su declaración ministerial.
México está por convertirse en la patria donde los pactos políticos duran hasta que aparece una denuncia en la corte del Distrito Sur de Nueva York.
Samuel González Ruiz lo explica desde la teoría de juegos y el dilema del prisionero, pero en la práctica mexicana podría traducirse de forma más sencilla: el primero que canta alcanza reducción de condena; el último se queda con la orquesta, el expediente y quizá cadena perpetua.
Porque si estos personajes realmente hubieran creído en la protección del sistema político mexicano, habrían permanecido aquí: amparos, litigios interminables, discursos sobre persecución política y fotografías desayunando tranquilamente en Polanco o Culiacán.
Pero algo cambió. O más bien, alguien con más sentido común les hizo entender que el expediente estadounidense ya estaba demasiado armado.
Y entonces sobreviene el verdadero miedo cuando descubren que ya no basta la cercanía con gobernadores, generales retirados, operadores políticos, viejas lealtades partidistas o ser amigo de ya saben quién.
Todo porque la DEA, los fiscales federales y las cortes estadounidenses no funcionan con la lógica tropical del “yo conozco a fulano o zutano”.
Por eso la entrega voluntaria no necesariamente habla de arrepentimiento. Habla de miedo. De cálculo. De supervivencia.
De la comprensión brutal de que el tiempo dejó de correr a favor de ellos y pueden terminar siendo vecinos del Chapo o del Mayo.
Y acaso el dato más inquietante no sea el de los que ya se entregaron, sino el de los que todavía esperan, con los nervios alterados, aparecer en futuras listas.
Porque el rumor político en México se parece cada vez más a una fila invisible frente a migración, donde algunos aún creen que pueden esconderse, otros buscan desesperadamente negociar y varios ya entendieron que no habrá refugio posible.
Ahí es donde el panorama adquiere tintes más delicados para el oficialismo. Estados Unidos podría acumular una cantidad importante de testigos cooperantes y protegidos, personajes que durante años conocieron rutas, financiamientos, operaciones y relaciones políticas construidas durante sexenios anteriores.
Al parecer ya entendieron que en el modelo judicial estadounidense los testimonios no son anecdóticos: son moneda procesal.
De confirmarse esa ruta, el problema para el partido oficial no sería únicamente judicial, sino narrativo.
Porque el movimiento que construyó buena parte de su legitimidad denunciando la corrupción del viejo régimen podría terminar enfrentando declaraciones que describan la convivencia entre poder político, estructuras criminales y zonas de tolerancia institucional.
Esto confirma que México es un país donde la tragedia siempre termina organizándose como espectáculo público.
Solo que ahora el escenario ya no está en las instituciones mexicanas, sino en las cortes federales de Estados Unidos.
Y allá, a diferencia del teatro político mexicano, ni las ovaciones ni los desplegados de apoyo, ayudan a reducir condenas.