Gilberto Guzmán
La diputada local Marisol Bazán Fernández, del partido Morena, afirmó que la iniciativa denominada “Ley Teresa” busca eliminar las barreras burocráticas que utilizan padres ausentes o deudores alimentarios para impedir que sus hijos e hijas obtengan pasaportes o viajen al extranjero, pero no es una ley contra los hombres, sino para proteger el interés de niñas y niños, cuyas madres los han criado sin el apoyo del progenitor y no pueden salir del país por falta de su firma en trámites migratorios.
Durante una entrevista para el noticiero Informativo NTR, la legisladora subrayó que el espíritu de esta reforma no busca vulnerar los derechos de los varones, sino proteger el interés superior de la niñez y la autonomía de las mujeres que ejercen la crianza en solitario.
“No es en contra de los hombres. Es importante señalarlo. Es para que los padres que no tienen interés real en sus hijos e hijas no tengan el derecho de tener opinión para que ellos o ellas puedan salir del país”, puntualizó Bazán Fernández.
La iniciativa surge a raíz de la experiencia de la activista Tereza Nava Alfaro, quien por más de una década ha enfrentado la negativa del progenitor de su hija para firmar documentos migratorios, lo que ha derivado en la pérdida de oportunidades académicas y profesionales fuera del país.
Bazán Fernández argumentó que esta resistencia de los padres ausentes constituye una forma de violencia vicaria, la cual utiliza a los hijos como un mecanismo para seguir ejerciendo control psicológico y emocional sobre las madres. La propuesta contempla modificaciones a la Ley de Migración, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Nacional de Procedimientos Civiles.
El objetivo central es que, ante una resolución judicial que acredite violencia vicaria o el abandono económico y afectivo, las autoridades migratorias permitan el trámite del pasaporte con la firma única de la madre.
La diputada insistió en que la reforma busca que cada caso sea analizado bajo una perspectiva de género para detectar cuándo la negativa de la firma es una medida legítima de protección y cuándo es simplemente un acto de hostigamiento.
“Cuando esta persona no ha tenido ningún interés… no ha tenido, es un deudor alimenticio, pues no tiene por qué seguir teniendo el derecho de decidir si la niña puede o no puede salir del país”, sentenció la legisladora.
Por su parte, Tereza Nava Alfaro destacó que estos “vacíos legales” permiten que los progenitores gocen de impunidad mientras las madres sacrifican su desarrollo personal. “La vergüenza debe cambiar de bando, que la vergüenza la asuma el progenitor, porque nosotras no elegimos la violencia como una medida de relacionarnos”, afirmó la activista.
La iniciativa será analizada en el Congreso de Guerrero por las comisiones de Migración, Niñas, Niños y Adolescentes, Equidad y Justicia. Debido a que involucra leyes de carácter federal, el objetivo es que el Legislativo local dictamine a favor para enviar la propuesta al Congreso de la Unión, buscando así una reforma de alcance nacional que libere a cientos de mujeres en situaciones similares en todo México.